Como ejemplos, citó los casos del ex senador Óscar González Daher y el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, quienes se acogieron al beneficio luego de estar presos en la Agrupación Especializada unos meses.
La legisladora señaló que el tiempo en que el procesado cumple la prisión domiciliaria ya está compurgando su futura pena desde la comodidad del hogar.
“Ellos ya están compurgando su futura condena porque todo el tiempo en que estuvieron con prisión domiciliaria después se le computa a su condena. Por ejemplo, si se le condena a cinco años y estuvo cuatro en su casa, le queda solo un año de condena efectiva”, dijo.
Vallejo recordó también el caso del sacerdote español José Antonio Rubio, conocido como padre Rubio, que fue condenado por lesión de confianza grave por el desvío de más de G. 14.000 millones del proyecto Ysakã, en 2007, a cinco años de cárcel, pero durante el proceso estuvo con prisión domiciliaria casi la misma cantidad del tiempo de su condena, por lo que no requirió ser llevado a la cárcel.
“Le hacen un favor a cuenta de una condena futura”, destacó la parlamentaria y ex fiscala.
Vallejo planteó que antes que dar prisión domiciliara es preferible que el procesado esté en libertad, entonces cuando se dé la condena, podrá cumplirla en una cárcel.
Otro punto destacado por la diputada es que la vigilancia policial que se realiza en las viviendas de los acusados no es efectiva, ya que casi no hay policías. “Nadie controla, no hay un policía en la puerta”, manifestó.
PERJUICIO AL ESTADO. La diputada del PPQ presentó recientemente una propuesta de modificación del Código Penal para aumentar las penas hasta 15 años de los hechos punibles que causan perjuicio al Estado, como la lesión de confianza y la estafa. Se trata del proyecto de ley “Que modifica los artículos 187 - Estafa y 192 - Lesión de Confianza del Código Penal, Ley 1160/97 modificada por ley 3440/08”.
Vallejo explicó que si se aprueba, “todos los hechos de corrupción van a caer dentro de esa nueva ley”.
Actualmente, la estafa es de 8 años y la lesión de confianza es de 10 años, pero en los casos especialmente graves, sin especificar cuáles son, por lo que en el proyecto se detalla que entran en este marco los hechos cometidos por un funcionario y cuando el daño es al patrimonio del Estado.
Añadió que con esto se complica también la prescripción de la causa, ya que para ello se necesitarán 30 años.