El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021 fue puesto en marcha hace un par de semanas por el presidente Mario Abdo Benítez, tras la promulgación de la Ley 6672.
El Ministerio de Hacienda trabaja ahora en el proceso de reglamentación de la legislación y en la preparación del plan financiero. Mediante estas dos herramientas, el Tesoro generalmente establece los lineamientos a seguir por las entidades para gastar el dinero público, y en ciertos aspectos, restringe el gasto para contener los excesos que se suelen dar cada año en el Parlamento durante el estudio presupuestario.
En ese sentido, una de las principales preocupaciones que tiene este año el Fisco es cómo contener el aumento del gasto salarial aprobado en el Parlamento. De acuerdo con los datos de la cartera, los legisladores ampliaron en unos G. 50.000 millones el gasto en sueldos, bonificaciones y gratificaciones, entre otros.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEn un año que se pronostica nuevamente como incierto para las finanzas públicas, debido a una eventual segunda ola de la pandemia, a lo que se suma la necesidad de ir conteniendo el crecimiento de la deuda pública y de retornar a la regla fiscal, los parlamentarios aprobaron la creación de 2.700 cargos en IPS, el pago de bonificaciones al personal del Registro Civil y de Senabico, crecimiento vegetativo en la UNA y equiparación salarial para funcionarios del Ministerio de Salud.
Además, se autoaumentaron los créditos presupuestarios para el Senado y el Congreso por G. 13.700 millones para sueldos y bonificaciones, con el agravante de que dentro de los articulados dispusieron suspender este año –solo para ellos mismos– la obligatoriedad de concursar para contrataciones y reajustes de salario, a total contramano de lo que establece la Ley de la Función Pública (1626/00).
Con esta particular –por llamarlo de alguna manera– excepción, los congresistas podrán simplemente contratar a operadores sin justificación y aumentar el salario de cualquier funcionario sin la necesidad de un examen público de aptitud, como lo hacen las demás entidades. Casualmente, pero no sorpresivamente, en un año en el que se realizarán las elecciones municipales en todo el país.
Es inadmisible que se sigan dando este tipo de inequidades vergonzosas con el dinero público.
Si algo nos dejó bien en claro la pandemia es que el malhumor social está tocando techo. Las restricciones que debió soportar el común de la gente, lo que se tradujo en desempleo, cierre de emprendimientos y un esfuerzo feroz de los contribuyentes para sostener el aparato público, aparentemente, no afectó a este sector parlamentario.
Desde hace un tiempo, de hecho, los congresistas vienen sosteniendo sus privilegios a costilla del erario estatal. Con honrosas excepciones, es algo habitual que diputados o senadores acudan solo dos o tres veces a la semana al Legislativo, no asistan a las reuniones de comisiones asesoras y hasta se ausenten en las sesiones por “motivos particulares”, viajes o quien sabe qué otra excusa.
No menos cierto es que su producción también deja mucho que desear. Con salarios por encima de los G. 30 millones, el contribuyente espera que estas personas sean autores intelectuales de leyes que apunten a mejorar la calidad de vida o sean verdaderos contralores de la Administración Central, pero la realidad es que los intereses particulares los terminan desviando por la ruta alternativa del populismo, del prebendarismo y de la riqueza a cualquier costo.
Las finanzas públicas cerraron el 2020 con un déficit del 6,2%, un nivel histórico que significa que el Estado gastó USD 2.130 millones (G. 14,8 billones) más de lo que recaudó. Ese saldo rojo implica además que el endeudamiento sigue creciendo sin parar, lo que a su vez, representa una mochila pesada para las futuras generaciones. Es indispensable que, con unas cuentas públicas tan apretadas, se acaben de una buena vez los privilegios de unos pocos.