La dictadura y siete décadas de hegemonía de un mismo partido político en el poder hicieron que en el país se normalizara la concesión de privilegios a determinadas personas a costa de la mayoría. Ese tratamiento diferenciado que –más tarde o más temprano– lo financian los demás, podía concederse por lealtad política o en un acto de populismo puro y duro.
La concesión de privilegios tiene dos consecuencias directas, un costo económico y otro social; el primero se honra con impuestos o desviando recursos públicos de cualquier origen, lo segundo, mediante la generación bochornosa de categorías diferenciadas de ciudadanos.
Esto no ocurre solo en los casos más escandalosos y conocidos, como los de familiares, amigos, amantes y correligionarios que copan la administración pública, o los de los financistas y parientes colgados del presupuesto público a través de las compras amañadas del Estado. Muchos de los privilegios más onerosos e injustos se presentan como conquistas sociales.
Acaso el mejor ejemplo lo tengamos en el tratamiento laboral y jubilatorio de los funcionarios que integran la nómina del Estado versus los trabajadores del sector privado. Mientras que los trabajadores privados tenemos básicamente las mismas reglas para alcanzar la jubilación, en el sector público las diferencias rayan el absurdo. Un docente puede jubilarse antes de cumplir los cincuenta años; un militar no solo puede pasar a retiro tempranamente, goza del privilegio financieramente inviable de que sus haberes se ajusten automáticamente al salario de un militar activo.
Quienes gozan de estos tratamientos diferenciados (privilegios) quieren creer que tales beneficios se financian con lo que aportaron. Es una falacia que no resiste el menor cálculo matemático. La jubilación temprana y los ajustes automáticos hacen absolutamente imposible que lo que se haya aportado cubra siquiera un cuarto de lo que ese jubilado de privilegio cobrará a lo largo de su vida.
La consecuencia es que la caja fiscal soporta ya un agujero que en unos años más superará los tres mil millones de dólares. Ese dinero sale de los impuestos que pagan las demás personas que no solo carecen de este tratamiento diferenciado, la mayoría ni siquiera podrá acogerse alguna vez a una jubilación básica.
El paraíso de los privilegios es desde luego Itaipú. La hidroeléctrica se ha convertido desde los tiempos de su construcción en una burbuja ajena a la realidad de los países dueños. Allí se pagan salarios y beneficios que rayan el delirio. A la sombra protectora de las dictaduras que le dieron vida, se inventaron formulas mágicas para inflar sus costos hasta el vértigo generándose una deuda monstruosa que finalmente terminará de saldarse el año próximo.
Como si no fueran suficientes todos los beneficios excepcionales creados en exclusividad para los empleados directos de la binacional (figuras replicadas luego en contratos colectivos de trabajo de otras empresas del Estado, como “ayuda vacacional” o “presentismo”), en algún momento la binacional aceptó extender estos privilegios a los empleados de sus contratistas; vale decir, a los trabajadores de las empresas privadas contratadas por Itaipú.
Estos beneficios se aplicaron solo a las contratistas del lado brasileño. Los trabajadores del lado paraguayo iniciaron acciones para intentar recibir el mismo trato. Son acciones civiles cuyos plazos caducaron. Los potenciales beneficiarios decidieron entonces recurrir a los políticos. Y ahora, en un gesto notable de populismo, el senado sancionó una ley que obliga a Itaipú a pagarles con retroactividad e intereses.
Como es una ley paraguaya, los brasileños no tienen obligación de acatarla. Tendría que pagárseles con lo que Paraguay recibe de la binacional. El detalle es el monto. Según los propios proyectistas de la ley son entre 800 y 1.000 millones... ¡de dólares! ¡Es todo el presupuesto del Ministerio de Salud!
Es un derecho de esos trabajadores, alegan. En realidad, es un privilegio inventado, como todos los demás privilegios que no hacen sino generar castas en el país, y convertir a la mayoría en los meros financistas de unos pocos privilegiados.
