A pesar de estar imputados o investigados, cuatro diputados cuentan con más de una veintena de efectivos policiales como custodios particulares. Estamos hablando del propio presidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, y sus colegas Tomás Rivas, Carlos Portillo y Esteban Samaniego.
Cuevas tiene nada más y nada menos que 14 custodios, y está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lesión de confianza durante su época como gobernador de Paraguarí.
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Por su parte, el compueblano del presidente de Diputados, Tomás Rivas, cuenta con 4 efectivos policiales que lo cuidan. Rivas está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. El legislador fue procesado luego de publicaciones de Última Hora que revelaban que el parlamentario tenía tres caseros cobrando dinero del Estado. Por esta causa, el diputado fue desaforado el pasado 22 de mayo, luego de múltiples chicanas.
MÁS. A su vez, Carlos Portillo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), tiene a un custodio. El parlamentario fue acusado por el Ministerio Público por el hecho punible de tráfico de influencia, una causal de pérdida de investidura.
La fiscala anticorrupción Liliana Alcaraz fue quien presentó la acusación, por el caso de audios filtrados que involucran al diputado en un proceso judicial tramitado en los tribunales de Alto Paraná.
En un principio, Portillo fue imputado por tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal. Sin embargo, fue acusado por un solo delito.
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Finalmente, Esteban Samaniego cuenta con 4 efectivos policiales a su disposición. El diputado oficialista fue intendente de Quyquyhó y dejó la Comuna con varias denuncias de corrupción en su contra. Por si fuera poco, sigue teniendo influencia en el Municipio paraguariense, ya que su actual concubina, Patricia Corvalán, es quien dirige la Intendencia luego que él pugnara por la diputación. La Comuna está siendo investigada por un faltante de 10.000 millones de guaraníes.
Entre las denuncias contra Samaniego está la construcción de un baño en una escuela pública de su comunidad a precio sobrefacturado. El baño habría costado, con base en publicaciones, unos G. 150 millones, aunque luego el legislador dijo que solo costó la mitad de ese precio. No obstante, aún así, por las dimensiones del trabajo, el baño debió costar solo el 50% de este valor.
