AP
Buenos Aires
En un año de elecciones presidenciales, una encendida polémica se ha desatado en la Argentina en torno a por qué recién ahora, a más de 30 años de los hechos que se le imputan, la Justicia ha pedido la extradición y el procesamiento de la ex mandataria María Estela Martínez de Perón, “Isabelita”.
La ex presidenta, de 75 años, está radicada en Madrid desde 1981 y es acusada por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante su gobierno.
El presidente Néstor Kirchner sostuvo que hay un clima nacional crecientemente favorable a no tolerar ninguna clase de impunidad, opinión compartida por otros analistas y dirigentes políticos.
Pero los opositores moderados y derechistas del Gobierno, y un sector de la prensa, creen ver en la acción judicial una presión ejercida por Kirchner para distraer a la opinión pública y tender una “cortina de humo” sobre otros acontecimientos que el Gobierno querría hacer olvidar.
La Justicia española dispuso el viernes la detención e inmediatamente después la libertad provisional de la ex presidenta, mientras se sustancia el juicio de extradición pedida por el juez federal Raúl Acosta, de la provincia de Mendoza. La señora de Perón rehusó viajar voluntariamente a la Argentina.
Isabel, que era vicepresidenta, reemplazó a su esposo, Juan Domingo Perón, cuya tercera presidencia fue interrumpida por su muerte el 1 de julio de 1974. Un golpe de Estado la derrocó en marzo de 1976, instaurando una de las más cruentas dictaduras militares en los anales latinoamericanos.
Kirchner, un peronista de izquierda que se enfrentó con Isabel Perón, declaró el viernes que “nosotros queremos reconciliación nacional, pero con verdad y sin impunidad”. El sociólogo Julio Godio coincidió con Kirchner y declaró que “la Argentina transita en los últimos tres años un proceso de revalorización cultural y política. No es una revalorización complaciente para nadie”.
Pero, en cambio, tres probables candidatos opositores en las elecciones presidenciales de octubre de este año atribuyeron los pedidos judiciales a presión de Kirchner.
“El Gobierno está montando una obra de teatro para distraernos”, opinó el moderado Roberto Lavagna, ex ministro de Economía de Kirchner.
El derechista Mauricio Macri se preguntó: "¿Dónde estuvieron los jueces estos últimos 30 años, para que recién ahora salga el tema de la Triple A?”.
La candidata centrista Elisa Carrió atribuyó los pedidos judiciales “al espíritu de venganza y a las luchas internas políticas del peronismo”.
Abogado asegura que ex presidenta es inocente
María Estela Martínez, viuda del general Juan Perón, “desconocía absolutamente” los vínculos de su gobierno con la ultraderechista “Triple A” y delitos de represión cometidos durante su mandato, insistió ayer Atilio Neira, abogado de la ex presidenta argentina.
Neira dijo que “prácticamente nadie respondía” a María Estela Martínez luego de suceder en la jefatura del Estado a Perón tras su fallecimiento, en julio de 1974, y hasta que fue derrocada por el golpe militar de marzo de 1976.
“No tiene ninguna culpa de haber querido afrontar, casi sin ningún medio, un legado que le había cargado la historia y sin el más mínimo sustento de un aparato propio”, subrayó.
“Estaba acosada por los militares y todos los sectores políticos, aun de su propio partido”, el Justicialista (peronista)”, matizó Neira.