En el documento, que también fue dirigido al director de la cárcel La Picota, mayor Jaider Ospino Castillo, se solicita información referente a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el asesinato de Correa Galeano.
La Procuraduría también solicitó confirmación sobre la apertura de una investigación disciplinaria interna por estos hechos y sus presuntos responsables.
En el oficio, que también fue dirigido al director de la Cárcel La Picota, mayor Jaider Ospino Castillo, se solicitó información referente al lugar de los hechos, es decir frente al patio y la celda en la que se encontraba Francisco Correa Galeano, así como la compañía o guardia que estaba al frente de la seguridad de ese pabellón al momento del homicidio.
El Inpec también deberá enviar un informe detallado con las visitas que el testigo haya recibido entre noviembre de 2024 y lo transcurrido hasta enero de 2025.
Además, el Instituto deberá comunicar al Ministerio Público si ha iniciado investigaciones disciplinarias internas en relación al homicidio y precisar si ya se ha identificado de manera preliminar a personas involucradas o si alguna ha sido suspendida.
“Con la información recaudada, el Ministerio Público evaluará la posibilidad de asumir el caso por poder preferente”, menciona la nota.
Según las primeras informaciones, Correa Galeano fue asesinado en la Celda 25 del Pabellón 32 de La Picota, cárcel situada en el sur de Bogotá.
Un juzgado colombiano había condenado en mayo de 2024 a Correa Galeano, considerado uno de los articuladores del asesinato de Pecci, a seis años y medio de prisión después de que este llegara a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía para dar más detalles del crimen.
A esa condena de pena reducida se llegó después de que el acusado se comprometiera a reparar a las víctimas y aceptara su responsabilidad en el asesinato del fiscal paraguayo.
El asesinato de Correa Galeano levantó serias sospechas de haberse tratado de una quema de archivo
“Es un mensaje claro para los que se animan a hablar más adelante”, subrayó la abogada de la familia Pecci, Cecilia Pérez.
Pérez sostuvo que la justicia colombiana debe seguir las pistas de los datos brindados por Correa sobre los autores materiales y también sobre los eventuales mandantes del magnicidio. La misma calificó como “quema de archivo” el hecho debido a la importancia de la información que daba Correa Galeano.
Correa había dado información clave para la detención de los sospechosos del magnicidio al fiscal paraguayo. Por este caso también fue condenada por la justicia colombiana Margareth Lizeth Chacón, a 39 años y 10 meses de cárcel por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos fueron sentenciados a 25 años y 6 meses de prisión por haber ordenado y pagado para acabar con la vida del fiscal contra el Crimen Organizado.
