La Procuraduría General de la República (PGR) informó sobre el embargo de los bienes de los ocupantes irregulares de la finca 916 en los Jardines de Remansito, en Villa Hayes, informó este viernes la propia institución en la red social X (ex Twitter).
A través de la publicación detallaron que el embargo servirá para precautelar los costos de la demolición de todo lo edificado sin permiso del Ministerio de Defensa, propietario de estas tierras.
La jueza Civil Claudia Dominguez resolvió el embargo ante la acción que promovió la PGR por las tierras de Jardines de Remansito, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
Hace cuatro días, el procurador Marco Aurelio González además presentó una demanda civil contra los ocupantes que todavía no entregaron las llaves de sus propiedades y puso a disposición de la Fiscalía “documentos relevantes”.
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La Procuraduría General de la República embarga bienes de ocupantes irregulares de la finca 916, para precautelar los costos de la demolición de todo lo edificado sin permiso del Ministerio de Defensa.
— PGRParaguay (@PGRParaguay) November 3, 2023
Seguimos defendiendo lo que es de todos los paraguayos, con el máximo rigor.… pic.twitter.com/jyM8cOzSjg
La resolución de la magistrada detalló que se trata de un embargo preventivo sobre los bienes de los demandados que será por una estimación de lo que costaría la demolición de las mejoras y la restitución del inmueble a su estado natural.
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Fue el Juzgado de la Primera Instancia en lo Civil y Comercial que decretó la prohibición de innovar sobre la finca 916, distrito Chaco, y dispuso el embargo preventivo sobre los bienes de los 21 ocupantes demandados por la Procuraduría.
Otra disposición es la prohibición de toda innovación en la finca en cuestión, salvo que no se afecten actividades ni operaciones que impliquen el ejercicio de las funciones de las Fuerzas Armadas de la Nación.
La zona en conflicto es ocupada por empresarios, jueces y conocidos políticos.
En octubre, la senadora de Cruzada Nacional Yolanda Paredes denunció lesión de confianza, invasión de inmueble ajeno, estafa, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
Todo esto, en el marco del caso de la ocupación vip en Villa Hayes.
