11 ago. 2025

Procuraduría evita que Salud pague millonario monto a empresa del Clan Ferreira

La Procuraduría General de la República (PGR) destacó una sentencia judicial que evitó el pago de más de G. 73.000 millones por parte del Ministerio de Salud a la empresa Eurotec por supuesto incumplimiento de contrato. La firma es propiedad de Justo Ferreira, estuvo en la mira por irregularidades en la compra de insumos en pandemia.

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Las empresas Imedic SA y Eurotec SA importaron insumos médicos para ser utilizados en la lucha contra el Covid-19.

Foto: Archivo.

La empresa Eurotec S.A, propiedad de Justo Ferreira realizó un juicio civil contra el Ministerio de Salud por supuesto incumplimiento de contrato pretendiendo cobrar una indemnización de G. 73.427.277.000.

La procuradora delegada María José Barreiro representó al Ministerio de Salud en el juicio civil cuya sentencia rechazó la pretensión de la firma.

Nota relacionada: Suspenden a Imedic y a Eurotec para operar con el Estado por 30 meses

La empresa fue contratada en pandemia por la vía de la excepción y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social le ha rescindido el contrato por los incumplimientos en que ha incurrido Eurotec en la provisión de insumos y equipos médicos, lo que ha sido ahora confirmado por la justicia.

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Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, que también son responsables de la empresa Imedic S.A fueron imputados por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, por presuntas irregularidades en la provisión al Estado de insumos médicos.

También puede leer: Consejo de IPS pasa por alto denuncias contra clan Ferreira

En diciembre de este año Justo Ferreira fue condenado a tres años de prisión por contrabando de 50 camas hospitalarias en el caso Imedic. Su hija, Patricia fue absuelta, junto a Guillermo Molina y Gustavo Acosta, funcionarios de Aduanas, al igual que el despachante Carlos Gamarra.

La mujer también afronta otra causa judicial por supuesta producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la presunta falsificación de facturas para el ingreso al país de un lote de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia.

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El juicio oral por este caso debía realizarse el pasado 9 de diciembre pero fue suspendido ya que la defensa de Ferreira recusó al tribunal de sentencia.

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