Las personas que acceden a cargos públicos gracias a favores políticos y sin la mediación de procesos de selección rigurosos y transparentes terminan rindiendo cuentas a quienes les hicieron el favor y no a la ciudadanía que con sus impuestos financian los salarios y demás beneficios.
Además, generan un clima laboral en el que se desalienta a quienes son responsables de sus labores y tienen un compromiso con los objetivos institucionales y con el bienestar de la población. La ausencia de una carrera del servicio civil no solo produce ineficiencia y mala calidad de servicios, sino sobre todo desaliento ciudadano y deslegitimidad del Estado.
La situación actual del servicio civil, además de limitar la calidad de la gestión pública, da señales sumamente negativas a la ciudadanía, especialmente a la juventud que para trabajar en el sector público no son importantes los estudios, sino los nexos políticos, destruyendo el rol de la educación como motor del proceso de movilidad individual y del desarrollo nacional.
El efecto mayor se produce en la deslegitimidad del Estado y la fragmentación social, situación sumamente negativa para la gobernabilidad. Paraguay es el país de América Latina con el mayor porcentaje de la población que opina que se gobierna para unos pocos. El informe de Latinobarómetro publicado la semana pasada es lapidario para nuestro país no solo en términos de la confianza en el Estado, sino también con relación al apego a los valores democráticos de la población.
Las percepciones negativas están vinculadas, por un lado, con la contratación en el sector público de allegados al partido político de turno. Por otro lado, porque los servicios públicos se dirigen a un sector también privilegiado derivado de la acción interesada de los funcionarios que atienden los intereses de quienes los pusieron allí y no de la ciudadanía.
Los tres poderes del Estado deben tomar conciencia y abordar el desafío de la implementación de la carrera del servicio civil. No hay posibilidad de desarrollo y ni siquiera de crecimiento económico sostenido en un ambiente social y político sin cohesión o movilidad social y especialmente sin el convencimiento de que habitar en el país genera la esperanza de una vida mejor.
Una nueva ley sin que se implementen programas que la operacionalicen no repercutirá en cambios. Entre las acciones más importantes está vincular la gestión a los sistemas de incentivos económicos, por lo tanto los cambios pueden materializarse en el corto plazo. Al promulgarse la ley ya deben preverse sus consecuencias en las remuneraciones y beneficios salariales, lo que debe planificarse desde el primer semestre del año en la elaboración del presupuesto 2026. Esa será la primera prueba de fuego para el Gobierno. No habrá mejoras en la calidad del servicio civil si los funcionarios sin resultados cobran y tienen los mismos beneficios que los que se comprometen con la ciudadanía y trabajan por el bien común.
De manera paralela, quienes no cumplen o son corruptos deben tener sanciones no solo para reducir los niveles de impunidad, sino principalmente para demostrarse a la ciudadanía la vigencia del Estado de derecho y el buen uso de los recursos tributarios que provienen del esfuerzo de la población.
