Para el robo de la energía eléctrica, los involucrados utilizaron una sofisticada infraestructura de ingeniería eléctrica. La manera en que desviaban la gran carga de consumo era a través de tres trasformadores que sumaban 3.000 kilowatts y que servían para alimentar a 700 procesadores en línea de la minera clandestina, durante las 24 horas.
Estas 700 procesadores eran sostenidos por componentes de enfriamiento, que requerían de alta carga de energía eléctrica. Toda esta infraestructura funcionaba bajo la fachada de un supuesto gallinero dedicado a la explotación avícola, localizado sobre la calle Moreira, distante a unos 5 kilómetros del casco urbano de Coronel Oviedo.
Según técnicos de la ANDE, el perjuicio patrimonial a la institución rondaría la suma de G. 500 millones mensuales. Los intervinientes estimaron que toda la infraestructura para la explotación de bitcoin se encuentra operando desde hace dos años, por lo menos.
En el lugar existe un trasformador normal que mensualmente consume un promedio de G. 900.000 mensuales. La investigación está a cargo del fiscal Gabriel Segovia, pero por la magnitud del caso Fermín Segovia fue designado fiscal coadyuvante. Como responsable del establecimiento avícola figura una persona de nombre Carlos Raúl Rojas Portillo. Se sospecha que los inversores serian ciudadanos brasileños.
Otro caso. El jueves pasado, en Alto Paraná, la ANDE también intervino con la fiscalía un establecimiento rural en Capi’ibary, en el distrito de Itakyry, donde se hallaron 18 contenedores con máquinas para fabricar criptomonedas.
Los técnicos de ANDE comprobaron que los propietarios estuvieron utilizando energía eléctrica en forma clandestina equivalente al consumo de una ciudad pequeña. El cálculo estimativo es de G. 40 millones por día, lo que en un mes equivale a G. 1.200 millones, conforme a cálculos de técnicos de ANDE.