El diputado Jatar Fernández se suma a una lista de diputados cartistas y aliados que tienen un trato privilegiado en la Cámara Baja que preside Raúl Latorre.
Pese a las denuncias de aprovechamiento en beneficio propio de la fuerza laboral de contratados de la Cámara Baja para que trabajen en su casaquinta de Ayolas, hasta ahora no da resultados de una investigación que se instruyó. Otros casos estancados que afectan a oficialistas y sus aliados guarda relación con el llamativo estancamiento del trámite que la Cámara Baja debe hacer para dar el desafuero de tres diputados, uno cartista y los demás liberales.
Desde hace más de un mes se tiene la totalidad de los dictámenes para llevar a plenaria la posibilidad de dar el desafuero para no obstruir a la Justicia en su investigación en contra del diputado Esteban Samaniego y los liberales, Cleto Giménez y Roya Torres.
La dilación de otorgar el trámite de rigor y que los diputados se sometan a la Justicia deja entrever un presunto acuerdo en la cúpula para enfriar las causas y lograr la extinción, puesto que los pedidos afectan a colorados y liberales aliados al cartismo.
El pedido de desafuero que realizó la Justicia al admitir imputación contra el diputado liberal Cleto Giménez y a su vez se solicite el desafuero de la diputada Roya Torres, ambos por el caso planillerismo de sus familiares, más conocido como nepobabies, es porque las investigaciones hallaron que las hijas del diputado, Danna y Johanna, respectivamente, que ingresaron con G. 7.700.000 y G. 3.000.000 de sueldo, no iban a trabajar.
Dentro del mismo esquema, el hijo de la diputada Roya Torres, de nombre Elías Godoy, según investigaciones, tampoco asistía con regularidad a su puesto de trabajo como asesor de la Cámara.
El caso más alevoso es el del diputado Esteban Samaniego, quien no tiene uno, sino cinco pedidos de desafuero al hilo y una de las causas incluso tiene como carátula un esquema criminal. El legislador se sigue beneficiando en que el corporativismo obre en su defensa. De acuerdo con la denuncia, durante su administración como intendente de la ciudad de Quyquyhó obró aprovechándose “de su calidad de ordenador de gastos del patrimonio de la Comuna habría realizado actos administrativos de disposición patrimonial para su beneficio propio que le redituaron beneficios económicos indebidos por valor de G. 338.595.000”.
Pese a las denuncias contra Jatar Fernández, por parte del funcionario Hugo Rolón, asignado como encargado de despacho del diputado hasta agosto, de que hacía tareas domésticas, cuidaba de animales y un sinfín de actividades propias de una quinta con el sueldo que Jatar le asignó como funcionario, esto no movilizó a los cartistas en favor de la transparencia, sino que cerraron filas alrededor suyo y en la última sesión ni siquiera se hicieron eco de la denuncia. El caso encierra varios tipos penales que pueden sostenerse fácilmente y encontrar antecedentes en la imputación a ex diputados colorados, como José María Ibáñez y Tomás Rivas.
Los casos que tienen que movilizar a la Fiscalía guardan relación con hechos de supuesta invasión de inmuebles. Una, en Ayolas, donde se construyó un lujoso chalet frente al río. Denuncias del presunto dueño narran que Jatar y su “patota” habrían ingresado al lugar a la fuerza.
Otra supuesta invasión data de hace más de un año y la denuncia formal es por invasión a una propiedad de siete hectáreas en Villeta y la apropiación de una empresa que comercializa agua envasada.