Justamente debido a este importante rol, muchas cooperativas fueron capturadas por políticos inescrupulosos y corruptos que están poniendo en riesgo no solo la estabilidad de estas cooperativas sino también de todo el sector y, sobre todo, la confianza que tiene la ciudadanía en esta institución. Las mismas hacen una importante contribución a la inclusión financiera y al desarrollo. En el país, hay más de 450 cooperativas, con alrededor 1.300.000 personas asociadas, la mayoría de ellas de sectores medios o bajos sin otros mecanismos de acceso a productos financieros.
Durante la última década se venía alertando acerca de la situación, ya había casos en el sistema judicial y varios informes nacionales e internacionales señalaban la necesidad de dotarles de mejores instrumentos de control y regulación. A pesar de todas estas señales, la principal institución rectora se mantuvo al margen y solo reaccionó cuando se desató la tormenta y no le quedaba otra alternativa.
El caso particular de la Cooperativa San Cristóbal, dado su tamaño y el nivel que presentan sus problemas económicos y políticos, es un fiel reflejo de los riesgos que enfrenta todo el sector y que no fueron prevenidos, alertados y mucho menos solucionados institucionalmente antes de llegar a la situación actual.
Las cooperativas de ahorro y crédito tienen un rol clave en la provisión de servicios financieros formales para adultos en Paraguay.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera realizada en 2013 señala que los préstamos pendientes de cooperativas representan 8% del PIB mientras que los depósitos en cooperativas representan 6% del PIB.
El 19% de los adultos en Paraguay reportan tener una cuenta en una cooperativa, comparado con el 12% en los bancos. El 58% de todas las cuentas formales en el país están en las cooperativas, los bancos tienen el 42% restante. Las cooperativas son también la fuente de crédito más reportada. El 13% de los adultos encuestados señalaron haber prestado de una cooperativa el año anterior a la encuesta, comparado con 8% de los bancos. El 18% de los dueños de negocios y emprendedores prestaron dinero de una cooperativa, frente al 9% de bancos y el 5% de una casa de crédito.
Los adultos en el medio de la distribución de ingresos, es decir los que no están ni en el quintil más pobre ni en el más rico, son más de dos veces más propensos (23% versus 10%) a utilizar una cooperativa que un banco. El 21% de las mujeres tienen una cuenta en una cooperativa, comparado con el 17% de los hombres.
Los diversos informes dan cuenta de las debilidades del sector y, a pesar de ello, las entidades responsables de generar propuestas e iniciativas para su fortalecimiento, entre ellas el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), no han avanzado en las respuestas adecuadas, con lo que llegamos a la situación actual.
Desde hace más de una década se viene hablando de la necesidad de contar con un marco general de regulación y supervisión y de implementar mejores mecanismos de control de riesgos, incluyendo la creación de fondos de garantías y estabilización. Pero antes de ello es necesario garantizar una arquitectura institucional libre de conflicto de intereses, con sistemas de información adecuados y adaptada a los requerimientos que exige enfrentar delitos como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Es urgente que se proteja a las cooperativas, a los socios y socias, así como a la solidez del sistema financiero en su conjunto. Para ello es necesario implementar un conjunto de instrumentos cuyo diseño debe estar en el centro del debate actual.