Sin embargo, este derecho, consagrado en tratados internacionales y en la Constitución Nacional (artículo 32), se enfrenta constantemente a intentos de limitación y represión.
Las calles han sido siempre un escenario político. Cuando las instituciones no responden, la gente recurre a la protesta como un mecanismo de presión. Y sucedió a lo largo de toda la historia.
En toda Latinoamérica, las manifestaciones fueron claves en la lucha contra dictaduras, en la defensa de derechos humanos y en la denuncia de políticas económicas injustas. En nuestro país, desde las movilizaciones contra Stroessner hasta las recientes marchas contra la corrupción, la ciudadanía organizada o no demostró que las plazas y avenidas son espacios de lucha legítima.
Las manifestaciones pueden tomar muchas formas: Marchas multitudinarias, concentraciones, paros, performances artísticas o incluso bloqueos de rutas. Lo que es importante entender es que cada una de estas expresiones responde a la necesidad de hacer visible una problemática que no encuentra eco en otras instancias.
A pesar su importancia en la vida democrática, las manifestaciones son vistas muchas veces como una amenaza al orden. La represión estatal, la militarización de las calles y la criminalización de manifestantes son estrategias recurrentes para desalentar la protesta.
En nuestro país las dirigencias campesinas han sido históricamente criminalizadas. Incluso los liderazgos estudiantiles han sido blanco frecuente de persecución, con detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza o la Justicia para la represión.
El argumento de la “perturbación a la paz pública” es utilizado para justificar medidas represivas, aunque en muchos casos la violencia proviene más de las fuerzas de seguridad que de los manifestantes. En lugar de abrir espacios de diálogo, el Estado paraguayo responde con leyes restrictivas y procesos judiciales contra quienes ejercen su derecho a la protesta.
A pesar de los intentos de deslegitimación, las manifestaciones han logrado cambios concretos. Desde la caída de la dictadura más larga de la región hasta la derogación de leyes injustas, pasando por los derechos laborales más básicos, la movilización ciudadana ha demostrado su capacidad de transformar la realidad. Ni hablar de la visibilización de problemáticas a través de la protesta, que generó debates públicos que, de otra manera, serían ignorados.
El desafío de hoy es garantizar que este derecho sea respetado y que la respuesta estatal no sea la criminalización sino la escucha. Las manifestaciones no son solo una expresión de descontento, sino una pieza fundamental en la construcción de sociedades más justas y participativas.
El derecho a la protesta es innegociable. Salir a las calles a exigir justicia no es un crimen, es una herramienta legítima de cambio.
