La formalización se da en presencia de un juez y supone la comunicación al imputado de la apertura de una investigación en su contra, mientras que la ACD es aquella a la que es conducido todo detenido con el objeto de que un magistrado verifique la legalidad de la detención.
Del total de imputados, para 1.431 se decretaron prisiones preventivas, en tanto que en otros 15.481 casos se estableció prohibición de asistir a determinados lugares, de acercarse a la víctima, y de salir del país, entre otras disposiciones de la justicia chilena.
El robo en lugar no habitado, más conocido como saqueo, es el principal delito registrado en el periodo, y creció en 213% con 2.236 personas pasadas a Audiencias de Control de Detención.
Le siguen las lesiones menos graves, con 2.001 detenidos; las amenazas simples contra personas y propiedades, con 1.798 Audiencias de Control de Detención; y los desórdenes públicos, con 1.699 imputados.
El 88% de los imputados pasados a ACD fueron detenidos en flagrancia y su cifra total es 18% superior a la registrada en el mismo periodo de 2018. En tanto, el total de imputados formalmente en el periodo supone un 72% de incremento respecto a igual periodo de 2018.
En el periodo analizado se registró, además, un descenso en los delitos de hurto simple y de hurto-falta (entre 54% y 65%) y de 46% en el microtráfico. Las detenciones se declararon legales en el 95% de los casos de Audiencias de Control de Detención. EFE