El directivo de la Codehupy también asevera que estas reacciones ciudadanas, además de ser espontáneas, son de igual modo la síntesis de un periodo bastante largo donde la salud pública, así como muchos otros derechos humanos fundamentales no fueron atendidos suficientemente.
Ayala Amarilla reconoce que siempre se dice que los paraguayos somos apáticos en general, pero existe una tradición de protesta, de reclamos. Aclaró que aunque a veces parece que se naturalizan las violaciones de derechos, las deficiencias del Estado, y uno se pregunta “cómo es que recién ahora la gente sale”, la situación es producto de coyunturas y circunstancias, y esta pandemia también potenció la ira social a una situación límite, porque la gente se está muriendo, y la sociedad está viendo que el desamparo en materia de salud pública le está costando la vida cada vez a personas más cercanas.
En este sentido, el secretario general de la Codehupy afirma que se debe velar por la protección de los DDHH en el contexto de las protestas. “Hay que entender que la manifestación, el derecho a la manifestación pública, la reunión, son derechos que están asociados a la libertad de expresión. Por lo tanto, son derechos sumamente importantes, que en términos políticos tienen que ser asumidos como actos que se vinculan íntimamente con la vigencia del sistema democrático mismo”, resaltó.
Crítica. Por lo previamente expuesto, Ayala Amarilla cuestionó la labor de la Fiscalía, de la Policía, y finalmente del Estado mismo, por criminalizar las protestas en lugar de protegerlas para que puedan expresar “aquello que la sociedad está queriendo decir al poder público”.
“La actitud del Ministerio Público, hay que decirlo, no solo ahora sino históricamente, ha sido una actitud represiva. La Fiscalía, que es una entidad que está llamada a representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, cuando ve una protesta social no ve un derecho que tiene que ser protegido sino un hecho punible que debe ser criminalizado, y esa es una distorsión absoluta”, lamentó.
La pandemia ha potenciado la ira social (...), el desamparo en materia de salud pública les está costando la vida a las personas.
La actitud del Ministerio Público, no solo ahora sino históricamente, ha sido una actitud represiva. Óscar Ayala, titular de la Codehupy.