La estatal había anunciado que la adquisición de 70.500.000 litros de diésel, a través de un proveedor poco usual, le permitiría un ahorro de USD 15 millones, algo que finalmente terminó en una rescisión de contrato.
Desde un principio, analistas del mercado de combustibles y referentes del sector habían calificado como imposible que Petropar pueda comprar diésel a un costo ampliamente inferior al que se comercializa en el mercado internacional.
Por otro lado, se cuestionó que la estatal haya manipulado el pliego de bases y condiciones para poder adjudicar a una empresa cuya única experiencia en contratos con el Estado era la venta de alfombras y algunas refacciones edilicias.
“Me parece sumamente llamativa la oferta que adjudicó Petropar, porque no se puede comprar por debajo de los precios de mercado”, había dicho a ÚH el analista Amílcar Ferreira sobre la posibilidad de concretar esta operación. Al mismo tiempo, el profesional explicó que los combustibles son los commodities más requeridos en el mundo y cuyos valores son sumamente transparentes, por lo que es “casi imposible” que alguien acceda a compras por valores que son inferiores a los del mercado internacional. A su vez, adelantó que era “poco probable” que la empresa adjudicada cumpla con el contrato.
Otro aspecto que llamó bastante la atención sobre el cuestionado proceso es que la representante de AP Sociedad Anónima, la empresaria y deportista Andrea Lafarja Bittar, había dicho que ella acercó la oferta a la administración anterior, pero estos no la tomaron en cuenta. A partir de ahí me preguntaba: ¿Por qué antes no y ahora sí?
A pesar de los cuestionamientos y los dudosos procesos, Petropar decidió seguir con la compra, cuyo primer lote debía entregarse el 28 de octubre. Pero lo que más llamativo resulta es que horas antes de que se anuncie la cancelación del contrario por el no cumplimiento de una póliza, el propio presidente de la República, Santiago Peña, defendió públicamente la compra, alegando que todo se enmarcaba dentro de la ley y dio su respaldo al titular de la estatal Eddie Jara. ¿Nadie le avisó sobre lo que se venía?
Este tipo de situaciones son una muestra más de que Petropar es una herramienta política para los gobiernos. Creo que no se discute que una reducción en los precios de los combustibles tiene un gran impacto en el bolsillo de los ciudadanos y es capaz de bajar los decibeles de cualquier malestar social.
Si bien cualquier medida que permita a la ciudadanía mejorar su calidad de vida es aplaudible, el uso político de Petropar, sin cuidar los números o los márgenes de ganancias, pone en riesgo la sostenibilidad de la estatal.
Hay que considerar que el emblema estatal es una de las herramientas más importantes con las que cuenta el país para la regulación del mercado de los combustibles mediante la competencia.
Si bien desde Petropar aseguraron que el fallido contrato con el proveedor milagroso no representó perjuicio alguno para el Estado, este tipo de situaciones dejan una mala imagen, así como denotan la poca seriedad con la que se opera. Así, una vez más deja mal parado al presidente Santiago Peña, quien en apenas dos meses de gobierno tuvo que degustar el amargo sabor de las metidas de pata de sus cercanos.
Espero que los asesores de comunicación del Gobierno también se pongan las pilas para advertir a sus asesorados sobre la generación de falsas expectativas a través de la promoción de acuerdos milagrosos. De no ser así, se repetirán este tipo de hechos que solo son comparables con el memeable anunció que hizo el ex mandatario Mario Abdo Benítez, sobre la instalación de una fábrica de Lamborghini en el Paraguay.
