Las reglas para participar de las licitaciones públicas permiten todavía que los directores y accionistas de empresas sancionadas puedan pugnar en otros llamados, sin dejar de ser proveedoras del Estado.
Las adquisiciones fallidas de insumos hospitalarios, en el marco la pandemia del Covid-19 pusieron en evidencia el esquema de operación de empresas de maletín o “empresas gemelas” que pujan en las compras públicas, con acuerdos previos para no quedar fuera del negocio o que nadie se quede sin una tajada.
“Hoy, legalmente, puede ocurrir eso. Nosotros podemos tener dos empresas, A y B: la empresa A firma un contrato con el Ministerio de Obras Públicas; se lleva el anticipo y no cumple el contrato, desaparece. Un desastre total en materia de contrataciones públicas. Y la empresa B, que se dedica exactamente al mismo rubro, puede presentarse al día a la licitación y puede exigir que se le dé la habilitación si presentó la mejor oferta”, ejemplificó Pablo Seitz, director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Desde junio último -dijo- trabajan en la modificación de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas que data del 2003. La semana pasada presentaron un informe denominado del proyecto Reforma de sistema de compras públicas.
“Vamos a incluir a la colusión como hecho sancionable en el marco de las contrataciones públicas”, apuntó al añadir que prevén ampliar hasta cinco años la inhabilidad a las empresas sancionadas.
Para graficar, puso de ejemplo a las empresas Imedic SA y Eurotec SA, pertenecientes al clan Ferreira.
“Ya tienen varias empresas más los de ese grupo familiar; nosotros les aplicamos una sanción de 30 meses, que es muy alta, comparado con lo que hoy está disponible. Pero no afecta absolutamente en nada a las otras empresas del grupo o de los mismos accionistas”, explicó y dio a entender de que sus dueños y accionistas pueden seguir ofertando.
Esta semana seguirán ajustando el proyecto que sería presentado al Ejecutivo el próximo 17 de agosto.
Seitz explicó que buscan “blindar” la normativa para que no se pueda “burlar” la sanción en materia de incumplimientos contractuales y mala fe en contrataciones públicas, tal como dictaminó la DNCP que ocurrió con dichas firmas que fueron inhabilitadas.
Barajan varias alternativas, a saber qué sanciones aplicarán a los directores y accionistas. “Estamos analizando si vamos por la opción clásica que es la multa o si vamos por una opción de que no pueden tampoco proveer las empresas donde están esas personas”, contrapuso.
En pocas palabras, pretenden tapar las zonas grises en las contrataciones públicas, que permiten a grupos económicos “armar trampitas” para seguir participando de los llamados.
Confía en que el proyecto va a desalentar enormemente la posibilidad de “baypassear” –usa una expresión médica- una sanción administrativa de la dirección a su cargo.
Es por eso que a la sanción que hoy imponen a las empresas -personas jurídicas-, deben sumar la sanción a las personas físicas; es decir, directores y accionistas de las firmas. “Pero también hay que mirar al grupo económico; léase la cantidad de empresas vinculadas alrededor de la empresa sancionada”, apuntó.
Toman como espejo, de momento, el régimen de sanciones a directores que aplica el Banco Central del Paraguay (BCP), que cuando sanciona a un banco, aplica también sanciones a sus directores. “Tenemos varias opciones y vamos a elegir la más adecuada. La respuesta final va a surgir durante la semana que viene cuando afinemos el texto y digamos: para los directores lo más claro es aplicar la sanción pecuniaria o a los directores lo más seguro de aplicar directamente es la imposibilidad de que las empresas donde también sean directores o accionistas puedan proveer al Estado”, sopesó.
Por lo demás, la modificación de la norma contempla reformar los artículos referentes a los precios referenciales. Esto con el fin de que los precios ofertados en los procesos licitatorios reflejen los precios reales del mercado. Además, se piensan incorporar beneficios para potenciar la participación de mipymes en las licitaciones, entre otros.
La idea es dirigir la investigación y sanciones potenciales a los directores, accionistas y al grupo empresarial. El objetivo es evitar que el Estado trabaje con el incumplidor; quitarle al jugador desleal de la cancha.
Sanción a los directores y poder mirar el grupo económico para que no sea tan fácil burlar la sanción a través de una empresa gemela, por así llamarlo, o que esté vinculada con la empresa sancionada. Pablo Seitz. director de la DNCP.
Esquema que burla actual normativa
La modalidad de las empresas de maletín o “empresas gemelas” apunta a lograr millonarios contratos con el Estado. Y por lo laxo de las sanciones actuales, quienes encabezan e integran estos grupos empresariales pueden seguir operando a pesar de las sanciones a algunas de sus firmas. Algo de eso pasa con el clan Ferreira, compuesto por al menos una docena de empresas comandadas por Justo Ferreira, vinculado a 11 firmas del sector farmacéutico: Flatworld Solutions SA, Survycon SA, Global Pharma SA, Sunderland SA, Metaway SA, Ital Pharma SA, One Pharma SA, JRC Group SA, Pre Pharma SA y Dos Puntos SA, según la Comisión Especial de Supervisión y Control de compras Covid-19 (CESC).
Patricia Ferreira Pascottini, su hija y presidenta de Imedic SA, aparece como representante legal y/o socia de Global Pharma SA, Metaway SA, Ital Pharma SA y Pre Pharma SA. Lo propio ocurre con su hermano, Marcelo Ferreira Pascottini, quien preside Eurotec SA y es parte activa de Medicur SA, Metaway SA, Ital Pharma SA y Pre Pharma SA.
En este conglomerado falta Medical Pharma SA, que está siendo investigada junto a Imedic y Eurotec por colusión, a instancias de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).
