El actual Código del Trabajo fue reformado, en parte, en 1996 con la inclusión del capítulo referente a la inamovilidad laboral del trabajador después de 10 años de servicio en una empresa del sector privado, que es el principal punto a tratar en esta reforma y que ya causó el enojo del sector sindical, que anunció la semana pasada que no se presentará a la mesa de negociaciones, convocada por la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.
La ministra reiteró ayer a Monumental 1080 que los principales planteamientos que puso sobre la mesa de negociaciones tienen que ver con mejorar el tiempo de descanso, permisos y licencias, así como la revisión de los contratos, las relaciones laborales, los derechos y obligaciones de las partes, así como las indemnizaciones.
JURISTAS. Recalde manifestó que el primer grupo convocado fue el de los juristas, la semana pasada, quienes manifestaron su interés de eliminar los procesos judiciales que se alargan en demasía a causa de los despidos después de 10 años de trabajo. “Estuvieron 20 estudios jurídicos, los más renombrados del país y casi el 100% coincidió en que el Código debe ser modificado”, señaló Recalde
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLa secretaria de Estado indicó que el 90% de estos juristas también manifestaron que el punto de modificar la judicialización de la regla de la estabilidad laboral no era inconstitucional.
La próxima convocatoria, dentro de los próximos 15 días, será al sector de los empresarios, según adelantó la titular de Trabajo. Este sector, liderado por la Unión Industrial del Paraguay (UIP), la Federación de la Producción, Industria y Comercio (Feprinco) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP), también presentarán las propuestas que tienen en la próxima convocatoria.
Recalde afirmó que una vez que se tenga el consenso de todas las partes se sistematizarán las propuestas y se incluirán en el proyecto de ley para el nuevo Código laboral, trabajo que esperan culminar en febrero del 2025.
En tanto que planean dar entrada a la propuesta de la nueva normativa al Congreso Nacional al reinicio del próximo periodo parlamentario, en marzo del año que viene.
