El polémico proyecto de ley que modifica el artículo 142 de la Ley 3440/2008 del Código Penal Paraguayo, presentado por un grupo de parlamentarios de diferentes sectores en la Cámara de Senadores, será tratado por el plenario este jueves en sesión ordinaria.
La normativa propone aumentar la pena privativa de libertad por invasión de tierras hasta seis años de cárcel y si hubiera daño patrimonial hasta cuatro años más de pena privativa de libertad.
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Sectores como la Federación Nacional Campesina (FNC) se posicionaron en contra de la normativa que fue planteada por los senadores del Partido Patria Querida (PPQ) Fidel Zavala, Georgia Arrúa, Stephan Rasmussen, junto a Patrick Kemper, del Partido Hagamos; Fernando Silva Facetti, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y Enrique Riera y Enrique Baccheta, de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
Sin embargo, para el abogado Abel Areco, especialista en temática rural e investigador de Base-IS (Investigaciones Sociales), la redacción del proyecto de ley no plantea un simple aumento de la pena de cárcel, sino que también incorpora una nueva figura jurídica que pretende blindar las tierras malhabidas, señaló en una comunicación con Última Hora.
Blindaje para posesiones de tierras
Esta propuesta legislativa introduce la figura jurídica del titular de la posesión en el inciso primero de la modificación del artículo 142, que no está contemplado en el Código Penal vigente, amparándolo de las posibles invasiones de inmuebles.
De acuerdo con el artículo 1909 del Código Civil Paraguayo, el poseedor es quien tiene sobre una cosa el poder físico inherente al propietario o al titular de otro derecho real que lo confiera.
El abogado Abel Areco explicó que la posesión no reviste el carácter de propiedad y esto significa que el poseedor no precisamente es el dueño de un inmueble.
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Indicó sobre el punto que la Comisión de Verdad y Justicia, creada mediante la Ley 225/03, había demostrado en su informe que en Paraguay existen tierras malhabidas y recomendó a la Procuraduría del Estado y al Ministerio Público investigar al respecto para que se puedan recuperar las tierras destinadas a la Reforma Agraria.
“También desde Indert salieron informaciones en 2016 cuando se incorporó una nueva gerencia para investigar sobre colonias habilitadas por el Estado, que aproximadamente son una o más de un millón de hectáreas, que en estos momentos ya estarían siendo utilizadas por gente que no son sujetos de la reforma agraria”, sostuvo.
Más allá de que en algunos casos ya fueron tituladas algunas de las propiedades, y que son cuestionables, el abogado apuntó que al menos un millón de hectáreas, que estuvieron en el marco de la política agraria, hoy en día estarían en posesión irregular y sin título alguno.
“Por eso, cuando se plantea que hay invasión sobre una posesión, directamente se plantea proteger la posesión irregular con el Código Penal”, acotó Areco.
Citó que una mayoría de las posesiones están en manos de personas que se dedican a la agricultura empresarial o a la ganadería extensiva. “En nuestra experiencia, manejamos muchos conflictos donde la disputa se da entre sojeros brasileños o menonitas y en menor medida con ganaderos”, detalló.
En contra de la criminalización
La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural de la Cámara de Senadores, presidida por Pedro Santa Cruz, del Partido Democrático Progresista (PDP), dictaminó el martes en rechazo del proyecto de ley.
Durante el debate sobre el documento calificó de “descabellado” el planteamiento, argumentando que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y que la intención de criminalizar las invasiones de tierra no corresponde desde ningún punto de vista.
El investigador Abel Areco también expresó su desacuerdo al respecto.
“Es lamentable que una problemática social grave, que ha provocado enfrentamientos y hasta masacres, se quiera resolver con represión y encarcelamiento. En nuestro país hay una irregularidad tremenda detrás del manejo de la tierra, acá se sabe todo, eso está demostrado”, refirió.
A su criterio, una solución para el problema de las ocupaciones es la desconcentración de tierras a través de la expropiación, desde una determinada cantidad de hectáreas que tenga que ser declarada sujeto a la Reforma Agraria, además de la compra directa vía Indert o la recuperación por trámite judicial de tierras.
Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), también opinó al respecto en un contacto con el medio y sostuvo que la iniciativa de los senadores de PPQ, Hagamos, PLRA y ANR “van de contramano” con el espíritu de la Constitución Nacional.
“Me parece que es extremadamente preocupante la batería de acciones legales que se están articulando desde sectores que están vinculados a la gran propiedad rural, que no contribuyen a plantear propuestas para superar los problemas que hay en el campo, al contrario, creo que van a pisar un conflicto de manera absolutamente innecesaria”, concluyó.
Proyecto se analizará este jueves
El senador Fidel Zavala (PPQ), uno de los proyectistas, anunció a través de su cuenta de Twitter que el proyecto de ley, que pretende aumentar la pena privativa de libertad por invasiones de tierras hasta seis años de cárcel y si hubiera daño patrimonial hasta cuatro años más, será tratado este jueves.
Asimismo, sumó que se tratará un proyecto que busca suspender todo tipo de subsidios a las personas procesadas por este hecho. “Toda invasión es un crimen. La propiedad privada debe ser respetada”, escribió en un tuit.
Última Hora intentó comunicarse con el parlamentario para obtener su argumento sobre la propuesta de modificación del artículo 142 del Código Penal que introduce una nueva figura jurídica, pero no contestó a las llamadas ni mensajes por WhatsApp en el número de teléfono con terminación 700.
Un grupo de pequeñas y pequeños productores de la FNC entregó en la mañana de este miércoles un posicionamiento a la Cámara de Senadores, exigiendo el rechazo del proyecto “que busca una vez más azuzar la violencia del Estado contra el pueblo”.
