Un proyecto tan importante como el del Metrobús debe partir considerando el contexto social y político en el que se diseña y contar con mecanismos que permitan consensuar con quienes pueden salir perjudicados y lograr alianzas estratégicas para garantizar un diseño técnico que garantice eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad. Sin este marco, en un país como Paraguay, con importantes debilidades institucionales derivadas del excesivo poder de grupos minoritarios y de baja calidad del servicio civil, una obra como esta no solo puede terminar con sobrecostos altos y baja calidad sino también con enormes daños privados.
Desde su inicio, este proyecto fue objeto de críticas motivando sucesivos cambios en el diseño. Los intereses particulares estuvieron presentes, ya que en este caso hay implicancias para el negocio de la construcción, así como para el sector transportista. Adicionalmente, el conflicto con los vecinos debido a una historia de mala gestión de obras en las que una consecuencia importante son las pérdidas privadas en los negocios de las zonas de construcción.
Después de muchos años de discusión, redefiniciones, aprobaciones e implementación de obras, el conflicto llegó al peor desenlace posible, que es la suspensión formal de las obras en un escenario que no podía ser más perjudicial para la mayoría de los afectados.
La ciudadanía que se mueve en la zona hace meses que sufre las consecuencias de la construcción con desvíos y más tiempo y costos de traslado. Los negocios reducen sus transacciones y en muchos casos ya han debido cerrar sus puertas.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLa incertidumbre de muchos comerciantes se convirtió en certeza, mientras que la desconfianza sobre las verdaderas razones de la suspensión suma otro factor más en contra que enturbia cualquier posibilidad de reducir las tensiones y mejorar las condiciones para sacar adelante el proyecto.
A los cuestionamientos anteriores ahora se suman las preguntas sobre las motivaciones de la suspensión. ¿Es un problema de diseño, de plazos incumplidos en otras fases del proyecto y que obstaculizan la construcción, de transferencia de recursos del sector público a las contratistas, de retrasos por el clima, etc.? Cualquiera de estas dificultades se resuelven con un trabajo serio y comprometido en el marco de la institucionalidad estatal.
Sin embargo, si en realidad lo que hay es mala fe y presión por aumentar los costos sin justificación o es una disputa entre grupos económicos ligados al cambio de gobierno, la respuesta está en la sombra y los resultados finales estarán lejos de beneficiar a la gente. De hecho, en la situación actual, los mayores perjudicados son hombres y mujeres comunes, que trabajan, estudian y realizan sus labores cotidianas sin un sistema de transporte público decente.
El importante aumento de la deuda externa para financiar la infraestructura pública hasta ahora no redunda en beneficio de la ciudadanía, que ya empezó a pagar con sus impuestos los costos de la misma. El Gobierno debe poner en primer lugar a las personas cuando planifica la inversión pública. Más allá del negocio o de los indicadores que miden cantidad de dinero invertido, número de obras o kilómetros construidos.