“Proyecto otorga beneficios a aquel que busca colaborar con la investigación”

El defensor adjunto en lo Penal, César Augusto Cañete Prette, trabaja en una Mesa Técnica del Senado junto con personas de distintas instituciones para reformar la legislación antidrogas. El anteproyecto pretende derogar la actual normativa que data de 1988, y anexar figuras actuales. Entre los cambios principales se contemplan la delación premiada, las mujeres en estado de vulnerabilidad, la disminución de penas en algunos casos para descomprimir el sistema penal principalmente.
–¿Este proyecto de ley antidrogas pretende derogar la Ley 1340?

–La actual Ley 1340 de drogas es del año 1988; es decir, es una ley vieja que fue dictada antes de que nuestro país entre a la era democrática y, por tanto, anterior a la entrada en vigor de nuestra actual Constitución Nacional de 1992. Esta nueva Carta Magna reconoció muchos derechos fundamentales a todos los ciudadanos en contra de la arbitrariedad y, entre ellos, por supuesto de las personas sometidas a procesos penales. Como consecuencia de esto, hubo una necesidad de reformar todo el orden jurídico penal nacional y, por tanto, en los 90 se aprobaron un nuevo Código Penal y Procesal Penal, ambos instrumentos normativos modernos ajustados a los derechos reconocidos en la nueva Constitución.

–¿Y qué más se hace?

–Actualmente, existe una Mesa Técnica, integrada por todas las instituciones públicas que desempeñan algún rol respecto a las drogas, que tiene por objeto reformar por completo la ley de drogas actualmente vigente. Para este efecto, también se ha invitado a actores relevantes de la sociedad civil y se cuenta con apoyo extranjero.

–¿Y cómo va el trabajo de la Mesa?

–Concretamente, lo que se pretende es intentar armonizar la ley de drogas con todos los cambios que ha tenido el orden jurídico paraguayo desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución y los nuevos Códigos Penal y Procesal Penal, en especial en lo que respecta al reconocimiento de derecho.

–¿Se va a modernizar?

–Sí. Se toma en consideración los avances científicos de los últimos 30 años en lo que respecta a los efectos de ciertas drogas, a la creación de nuevos tipos de drogas y nuevas formas de elaboración de estupefacientes, así como a las nuevas formas de disposición final; es decir, destrucción de las drogas. Además, se va a tomar en cuenta también la legislación, el crecimiento y las nuevas formas de operar del crimen organizado, así como también la existencia de casos menores que son más bien problemas de salud por adicción a causa de estados de vulnerabilidad.

–El proyecto mira el estado de vulnerabilidad.

–Efectivamente, se toma en consideración en la legislación especialmente los casos de mujeres que por estados de vulnerabilidad y necesidad a veces son utilizadas como instrumentos de organizaciones criminales, quienes se aprovechan de su estado de vulnerabilidad.

–¿Cuáles son los cambios principales?

–En primer lugar, se adecua la ley a los términos del Código Penal y Procesal Penal, y se otorga a la normativa una nueva estructura que separa en secciones diferentes. Esto es, todo lo relativo al registro para operar en el mercado con sustancias controladas; todo lo relacionado con las sanciones administrativas; todo lo que tiene que ver con las sanciones penales; todo lo relativo a las reglas procesales, dentro de las cuales se prevén técnicas especiales de investigación. Esta nueva estructura pretende facilitar bastante la aplicación de la normativa antidrogas, ya que en la actual todos estos puntos se encuentran mezclados.

–¿Y las sanciones?

–En lo que respecta a las sanciones administrativas, se propone una disposición que ayude a evitar que personas lleven a cabo actividades ilícitas valiéndose de empresas fantasmas. Además, en lo que tiene que ver con las sanciones penales, se busca racionalizar los marcos penales, permitiendo que los casos menos graves, que generalmente constituyen casos de personas con adicción, tengan marcos penales bajos que faciliten salidas procesales rápidas y se enfoquen en el tratamiento de la adicción. Los marcos penales elevados se dejan así para los casos graves que generalmente son del crimen organizado.

–¿Se atenúan las penas?

–En lo que respecta a las sanciones penales, también se incluyen disposiciones que atenúan las penas a aquellas personas que actúan como instrumento a causa de un estado de vulnerabilidad o necesidad económica. Entre estas, hay una disposición exclusiva para el mencionado caso de las mujeres en estado de vulnerabilidad.

–¿Y los que tienen drogas por prescripción médica?

–También se toma en consideración el caso de aquellas personas que tienen sustancias en poca cantidad por necesidades médicas. Además, se abre la posibilidad a nuevas formas de disposición final de las drogas (destrucción), y entre ellas a un proceso que permita vender y donar sustancias que puedan ser utilizadas en la industria, entre ellas, por ejemplo, la farmacéutica. Finalmente, también se prevé actualizar las formas de investigación.

–También habla de las operaciones encubiertas y las entregas vigiladas.

–Así es. El proyecto introduce nuevas técnicas de investigación que permitan investigar los hechos de manera más eficiente, lo cual sería útil especialmente para aquellos casos de crimen organizado.

–¿Se prevé la delación premiada?

–Se prevé una disposición que otorgue beneficios a aquel que busca colaborar con la investigación. Esta figura, si bien puede ser discutida en el ámbito doctrinario, podría ser útil cuando se estén investigando a grupos criminales, para poder llegar a los principales jefes o cabezas de la organización.

–¿Qué falta para que el proyecto se trate en las Cámaras del Congreso?

–Actualmente existe un proyecto base que ha sido elaborado por la mesa técnica en numerosas reuniones con diferentes grupos que conforman la mesa. Este primer producto debe ahora volver a ser analizado por el pleno de la Mesa Técnica, para lo cual cada institución debe enviar primero su parecer institucional oficial.

–¿Y qué viene después de eso?

–Luego se trabajará sobre estos pareceres para tratar de lograr un proyecto final lo más técnico y consensuado posible, por todas las instituciones y organizaciones que juegan un rol relevante. No se descarta en este proceso tener recomendaciones de organizaciones internacionales. Finalmente, cuando se tenga ese producto final, recién ahí este debe pasar a ser discutido en ambas Cámaras del Congreso.