En Diputados espera ser incluido en el orden del día un proyecto de ley que introduce cambios en el régimen de jubilaciones de los funcionarios estatales del sector civil.
Esta propuesta, presentada por el ex diputado Óscar Tuma, debía ser tratada en junio, pero fue postergada y hasta el momento no fue incluida de nuevo en el orden del día. Plantea, básicamente, que los haberes de los empleados públicos, magistrados y docentes ya jubilados sean equiparados al salario de los funcionarios en actividad y en correspondencia con los cargos o categorías equivalentes.
Sin embargo, el planteamiento no es del agrado del Ministerio de Hacienda, institución que recomienda su rechazo, ya que podría acelerar el agotamiento de las reservas de la Caja Fiscal.
De acuerdo con un estudio elaborado por técnicos de la cartera, la previsional estatal se quedaría sin recursos en 3 años en caso de convertirse en ley la equiparación de los haberes jubilatorios. Esta situación incluso considera los fondos extras obtenidos producto de las inversiones de los excedentes en el mercado (ver infografía).
El estudio señala que esta situación no solo tendría como resultado un déficit de flujo desde el primer año de su implementación (2019 en caso de ser sancionado en este año), sino que en los próximos cinco años desencadenaría en un agujero negro de USD 1.820 millones, lo que equivale al 1,8% del producto interno bruto (PIB).
Actualmente, los excedentes de la Caja totalizan los G. 5,4 billones (USD 960 millones), según datos oficiales.
Inquietud. Este escenario genera preocupación en Hacienda y ya fue compartido con el equipo técnico que tomará las riendas del Fisco en el Gobierno entrante. Es que en caso de que la Caja Fiscal se quede sin sus reservas, el pago de las jubilaciones deberá ser cubierto con los ingresos obtenidos por el cobro de impuestos, lo que impactaría en el aumento de la rigidez del presupuesto y dejaría cada vez menos espacio para las inversiones.
Al mismo tiempo, obliga a la secretaría de Estado a insistir con la sanción de la ley de pensiones, a fin de poder diversificar las inversiones de los excedentes y garantizar la sostenibilidad del sistema.
Actualmente, en el sector civil, hay 42.237 jubilados, pero solo el sector docente es deficitario, cerrando con una cifra negativa de USD 48,5 millones el año pasado. Los demás grupos son superavitarios y cubren ese déficit, pero en caso de darse la equiparación, todos entrarían en saldo rojo, según el Fisco.
Reajuste. El estudio hecho por Hacienda también hace un análisis respecto al panorama de la Caja Fiscal tras el fallo de la Corte, que dispone que la tasa de actualización anual de las jubilaciones sea igual al incremento de salarios en los funcionarios activos.
Este panorama es independiente al proyecto de ley, y considera que en caso de aplicarse este método de reajuste, las reservas de la previsional estatal se agotarían en diez años. Actualmente, los reajustes anuales se dan de acuerdo con la inflación.
Si bien la acción judicial fue ganada solamente por 2.500 jubilados, tras esta sentencia, cada vez más funcionarios están presentando escritos para beneficiarse de este método de reajuste.
Ley de pensiones
Víctor Insfrán, asesor de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), adelantó que este martes, en reunión de diferentes gremios empresariales y de trabajadores, pedirán el rechazo total a los senadores del proyecto de ley de superintendencia de pensiones.Plantearán en la Unión Industrial Paraguaya (UIP) 90 días para presentar uno alternativo y dijo que el 23 se estaría tratando en Cámara Alta el proyecto en cuestión.