La Cámara de Diputados tenía previsto tratar este martes el proyecto de ley que exonera en un 50% las cuotas de las instituciones educativas de gestión privada. Si bien no se llegó a tratar, varios legisladores se mostraron en contra de la iniciativa.
Sin embargo, los parlamentarios sí aprobaron un proyecto de declaración para el Gobierno Nacional.
El documento aprobado insta al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a conformar una mesa de diálogo que incorpore a instituciones educativas, organizaciones estudiantiles y padres a fin de conferir acuerdos para superar los efectos de la pandemia en el ámbito educativo.
Además, exhorta a los colegios privados a una reducción del porcentaje de sus cuotas durante los meses comprendidos de cuarentena, mientras sigan cumpliendo con sus obligaciones laborales y busquen instaurar negociaciones con los padres.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppFinalmente, el proyecto de declaración exhorta al Ejecutivo y al MEC a proceder a la designación de miembros del Consejo Nacional de Educación y Ciencias (Conec) conforme lo dispone la Ley 5749/17 que crea el MEC, teniendo en cuenta que la situación actual requiere de una instancia de asesoría.
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La diputada liberal Celeste Amarilla consideró que el Gobierno es el que debe hacerse cargo de lo que sucede en el área, ya que de aprobarse una ley que disponga una exoneración de cuotas podría generar una jurisprudencia peligrosa.
Además, agregó que la normativa podría generar un gran desempleo para los docentes de colegios privados y otros sectores podrían recurrir al Congreso, solicitando las mismas medidas.
“El Ejecutivo debe considerar esta situación porque nosotros no tenemos capacidad para analizar todas las variables del sector educativo. El MEC también debe informar sobre los planes en cuanto a transformación educativa porque en este momento, ya se debe implementar todo esto”, dijo, a su turno, la diputada Norma Camacho.
Desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP) se calificó a la iniciativa como “el inicio del retroceso económico”, ya que la medida solo impulsaría el desempleo docente.
