El diputado Jorge Ávalos Mariño abogó por la aprobación de la iniciativa, y explicó que el objetivo es paliar las deficiencias existentes en la actual Ley 3009, la cual “presenta ciertos artículos que generan confusión y falta de seguridad jurídica para las partes involucradas”.
“Desde su promulgación en el año 2006 hasta la fecha, la ley no adquirió efectividad, ya que no existen inversiones que apuesten a la generación y transmisión de energía hidroeléctrica, por lo que estas modificaciones pretende otorgar viabilidad a los proyectos de inversión en ese sector energético”, manifestó el legislador.
Acotó que la propuesta fue modificada por el Senado, para diferenciar claramente las inversiones que serán autorizadas a operar mediante licencias de las que serán otorgadas por licitación pública internacional.
“A su vez, con las modificaciones introducidas por la Cámara Alta, se extienden las exigencias para el transportador de electricidad, con el objetivo de que se haga cargo de los gastos administrativos y legales por expropiación, así como de las obras de mitigación y protección del medioambiente”, reportó la Cámara Baja tras la sanción.
INVERSIONES. Por otro lado, en un documento, el empresario Raúl López Salinas, de Guaraní Energías Renovables SA, había recordado que el Parque Tecnológico Itaipú (PTI) de la Itaipú Binacional (IB) identificó un total de 1.745 posibilidades en los ríos internos de nuestro país para instalar PCH, “22 ubicaciones con potencia superior a 5 MW cada una con un total aproximado de 400 MW de generación”.
“La construcción de las citadas 22 PCH demandarían una inversión superior a los USD 1.400 millones por parte del sector privado nacional e internacional para la exportación, utilizando las posibilidades que ofrece la Ley 3009/2006”, detalló López Salinas, con inversiones que generarán “alrededor de 25.000 puestos de trabajo”.
El presidente de la ANDE, ingeniero Félix Sosa, señaló que la estatal está de acuerdo con la modificación de la Ley 3009/2006, destacando que prevé incentivar al sector privado en la construcción, financiamiento y operación de pequeñas centrales hidroeléctricas. Principalmente, la propuesta aumenta la generación hidroeléctrica menor de 2 MW hasta 50 MW, elimina el contrato de riesgo compartido y designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). “Se crea el contrato de adjudicación, el cual está orientado a la generación eléctrica hidráulica, que requiere de una licitación pública internacional”, relató el Ing. Sosa.
