Durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de este miércoles, el proyecto que modifica artículos de la Ley 6806, que declara emergencia nacional por feminicidios, fue aprobado y pasó nuevamente a la Cámara de Senadores.
La propuesta inicial pretendía modificar los artículos 5, 7 y derogar el 18 de la normativa, pero sin definir un tiempo específico de vigencia, mientras que los diputados plantearon agregar un artículo que establezca que la emergencia tendrá un plazo de un año.
El proyecto busca respuestas “reales y efectivas” que mejoren la situación de violencia de género en el país, según había afirmado la proyectista, la senadora Lilian Samaniego.
El objetivo principal es extender la emergencia por este flagelo, debido a que con la normativa anterior se establecía que su vigencia solo sería mientras durase la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppRocío Abed, de la Comisión de Equidad y Género, sostuvo que analizaron la iniciativa y sostuvo que desde la pandemia aumentó la violencia contra las mujeres, por lo que se aconseja aprobar el documento, a fin de que siga en vigencia.
Mientras tanto, el diputado liberal Celso Kennedy manifestó que desde la Comisión de Legislación se recomienda rechazar o modificar la iniciativa, debido a que la nueva propuesta plantea ampliar la emergencia, pero no especifica un plazo.
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En medio de las alarmantes cifras por casos de feminicidios en el país, la Cámara de Senadores aprobó en marzo pasado el proyecto por unanimidad, tras haber sido presentado por Samaniego, quien lamentó que en la actualidad ya no esté vigente.
“La pandemia que azota a las mujeres de nuestro país es la violencia y los hechos de feminicidios”, alertó, añadiendo que las modificaciones tienen la finalidad de brindar una respuesta inmediata a los problemas de violencia que sufren las mujeres.
La normativa está sustentada principalmente en la Ley 5777/16, de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia, y tiene por objeto establecer políticas y estrategias de prevención de la violencia hacia la mujer, mecanismos de atención y medidas de protección, sanción y reparación integral, tanto en el ámbito público como en el privado.
