María Victoria Rivas, del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), y Marité de Rasmussen, presidenta del Consejo del Denide, organización sin fines de lucro, con 58 años de vida institucional, analizan así la propuesta legislativa que ya cuenta con media sanción del Senado, y que fuera impulsada por el senador cartista, Basilio Núñez.
El proyecto se halla en la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen. La doctora Rivas explica que las sanciones que contempla se orientan a las personas jurídicas, que son las organizaciones, pero también van dirigidas a sus consejeros.
“Con esa amenaza, se producirá una fuga en los consejos institucionales”, advierte. Los consejeros prestan un servicio voluntario en las organizaciones y al sentirse amenazados por esas sanciones desproporcionadas podrían retirarse y los consejos quedar vacíos, “con lo cual, las organizaciones deberán desaparecer”, dice.
El impacto que esto podría ocasionar políticamente hablando es que el Gobierno “se quedará sin una pata muy importante para darles legitimidad a sus políticas públicas”, agrega. Y es que si no existe sociedad civil organizada que pueda controlar la ejecución de políticas públicas o que genere el debate sobre estas, “el Estado se va a quedar con un sector absolutamente vacío, sin un sector que otorgue legitimidad a sus políticas públicas”.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppParaguay no puede retroceder en cuanto a los estándares internacionales de derechos humanos como participación y asociación, sostiene.
Marité de Rasmussen, por su parte, resalta la ambigüedad del proyecto que, tal como se plantea, podría incluir desde individuos hasta gremios empresariales, y que al incluir a los fondos privados, afecta la privacidad, amparada por la Constitución. Ella menciona concretamente el artículo 9° de las Bases y Obligaciones para terceros, en que la interpretación podría ser “extremadamente ambigüa” porque menciona que las transferencias recibidas en casos de recursos privados, cuando las entidades firmen acuerdos con entidades del Estado, “deberán ser incluidos en el Presupuesto General de la Nación”. También refiere a las “sanciones descomunales” para las organizaciones de hasta USD 350.000 y USD 190.000 para las personas físicas integrantes del Consejo de la institución. Esto “crea un entorno asfixiante” que tendrá como resultado la desaparición de las organizaciones, teme. Agrega que están de acuerdo con que las entidades sin fines de lucro tengan políticas de transparencia como divulgar el origen de los fondos, los proyectos, los fines estatutarios y la identificación de los directores. Para hablar de todo esto, pide una audiencia pública y una mesa técnica de estudio del proyecto.
