“El poder del Gobierno de censurar la prensa fue abolido para que la prensa permaneciese para siempre libre para censurar al Gobierno. La prensa debía protegerse para que pudiera exponer los secretos de Gobierno e informar al pueblo”.
“Solamente una prensa libre y sin trabas puede efectivamente revelar la falsedad en Gobierno. Y primordial entre las responsabilidades de una prensa libre es el deber de impedir que cualquier parte del Gobierno engañe al pueblo y les mande a tierras distantes a morir por fiebres ajenas y disparos y bombardeos ajenos”.
Esto es parte de la opinión del magistrado Hugo Black, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el famoso fallo en el caso del Gobierno contra los periódicos New York Times y The Washington Post. La votación fue 6 a 3.
Es que se había filtrado a la prensa un análisis clasificado sobre la implicación diplomática y militar en Vietnam por sucesivos gobiernos de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Decían que apeligraba la seguridad nacional, y el entonces presidente Richard Nixon pidió al fiscal general impedir que siguieran las publicaciones. Esto, fue brillantemente mostrado en la película The Post .
Salvando las distancias, no creo que las publicaciones de los chats del teléfono de Eulalio Lalo Gomes pongan en peligro la seguridad nacional, pero sí la poca credibilidad que se tenía en nuestros gobernantes.
Creo que las filtraciones deben ser analizadas desde dos perspectivas: La jurídica, por un lado, y la periodística, por el otro. En la primera, las defensas cuestionan que el juez haya ordenado un anticipo jurisdiccional de pruebas, sin pedido del fiscal o las partes, como dice la ley.
Además, que el juez haya abierto los resultados sin dejar constancia en acta, como señala la norma procesal. Con eso atacan la supuesta violación de la cadena de custodia, lo que generó incluso una denuncia penal contra el juez por parte del principal perjudicado, el ahora ex miembro del Jurado y ex diputado.
La denuncia se hizo prácticamente con las mismas críticas que realizó el fiscal general contra el juez, por lo que es difícil que pueda cambiar sus propios argumentos sobre este hecho. Lo malo es que, con este cuestionamiento jurídico, difícilmente se puede llegar a un castigo a los involucrados.
El segundo análisis es el periodístico. Y es que solo a través de esta filtración se pudo conocer cómo un legislador tenía conexiones prácticamente en todos los poderes del Estado, en especial, con los relacionados en la investigación contra el crimen organizado y el lavado de dinero.
Estoy seguro de que si no salían a la luz estos chats y se enviaban a la Fiscalía, iban a quedar cajoneados sin que la ciudadanía acceda jamás a conocer la realidad de cómo se manejan nuestras autoridades.
Los mensajes de WhatsApp muestran cómo se manipula la Justicia, la Fiscalía, el Jurado de Enjuiciamiento, la Secretaría Nacional Antidrogas, la Policía, entre otros.
Ante la contundencia de las publicaciones, el presidente convocó a una cumbre de poderes, lo que, al final, solo dejó unas cuantas supuestas intenciones y el apoyo a la libertad de prensa, entre otros puntos, pero no vemos acciones concretas del primer mandatario.
Ante estas dos perspectivas, me inclino por la segunda, ya que es un derecho de la ciudadanía conocer realmente a nuestras autoridades, en especial, en las comunicaciones y los arreglos que hacen a sus espaldas.
Ahora la familia de Gomes quiere dar a conocer los chats a la prensa. Es lo mejor, ya que la ciudadanía tiene derecho a saber. Como decía uno de los protagonistas de la película: “La única forma de ejercer la libertad de prensa es publicando”. Por más de que les pese a los involucrados, las publicaciones deben seguir.
