Resonó mucho esta semana la frase utilizada para titular este comentario en boca de los principales referentes de los gremios del sector privado, tras salir a luz que nuevamente el Ministerio de Hacienda decidió pagar una gratificación extra a sus funcionarios en medio de una profunda crisis sanitaria y económica que viene arrastrándose desde que empezó la pandemia del Covid-19.
La cartera fiscal confirmó hace unos días que liberó más de medio millón de dólares (G. 3.289 millones) para pagar a 1.500 funcionarios la suma de G. 2.192.839 en concepto de subsidio familiar. La entidad que administra el Presupuesto Público, la deuda pública y se encarga de la recaudación de los impuestos alegó que esta bonificación se encontraba contemplada en la Ley del Presupuesto y que se pagó porque así lo establece el Código Laboral.
Esta situación desató la furia y la indignación en el sector privado, especialmente, en los sectores como la gastronomía, eventos, bares y comercios, quienes fueron los más afectados por las últimas restricciones impuestas por el Gobierno.
Los representantes de estos sectores reclamaron que, mientras les obligan a cerrar y les ofrecen ayudas como kits alimenticios y descuentos del 50% de la energía, pero les niegan asistencias directas o moratoria en los impuestos, el Estado siga dilapidando lo poco que pueden aportar en gratificaciones a un sector que no es sinónimo de eficiencia. Además, criticaron que las autoridades se pasen hablando de reformar el Estado, con el eje principal de reducción del gasto superfluo, pero, por otro lado, siguen con las viejas prácticas de otorgar sobresueldos a los funcionarios sin que eso se refleje en una mejora en los servicios ni en la entrega de bienes para beneficio de la ciudadanía.
Mínimamente, podemos coincidir en que el Ministerio de Hacienda se equivocó, al tener una lectura poco feliz del momento.
Si bien particularmente estoy convencido de que las conquistas de los trabajadores, plasmadas en el Código Laboral o en los contratos colectivos de trabajo, deben ser respetadas y honradas por las autoridades de turno, especialmente aquellas vinculadas a la familia, la salud y a la educación, también es cierto que el momento es bastante inoportuno, si se tiene en cuenta la situación que se está viviendo no solo a nivel local, sino mundial.
El malhumor social está tocando techos bastante elevados por el abandono del Estado en esta situación crítica. La pandemia ha obligado a cambiar las prioridades y los hábitos. Hoy no es posible seguir pagando gratificaciones que son adicionales al salario cuando el Estado no puede cumplir con su rol de garante de salud y de bienestar. La gente sigue muriéndose por falta de camas y medicamentos, y en muchos casos, para mantener a sus seres queridos con vida, se ve obligada a vender su casa, su terreno o su vehículo; es decir, el fruto de años de esfuerzos y sacrificios.
Centenares de familias han decidido emprender en rubros varios o abrir sus propios negocios de comidas tras quedar desempleadas, con el objetivo de sobrevivir en estos tiempos tan difíciles. Ni hablar de los eventos solidarios que inundan las redes sociales y los chats de mensajería.
A todo eso se suma la situación financiera del Estado. El Tesoro Público, si bien registra resultados operativos levemente positivos, ha venido cerrando los últimos años con déficits fiscales elevados productos del endeudamiento asumido para financiar la inversión pública. Es difícil sostener que un Estado, que termina con saldo rojo cada mes, tome este tipo de decisiones cuando la realidad nos está indicando que no son solamente equivocadas, sino que son elementos que profundizan la desigualdad en tiempos de mucho dolor, incertidumbre y desesperación.
El hartazgo creciente por un Estado fallido está enervando los ánimos. Se avecina, sin disimulo, un estallido social.