02 dic. 2024

Puerto Casado: Vecinos temen perder sus viviendas por conflicto de tierras

Vecinos del barrio San Francisco, de Puerto Casado, Alto Paraguay, están muy preocupados por un conflicto de tierras que afecta a la propiedad que habitan desde hace décadas. Según señalan, esta se utilizaría para un futuro proyecto de construcción de casas del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, para la comunidad indígena Livio Fariña, conocida como Pueblito.

Temen que la concreción del proyecto implique un desalojo para los vecinos, ya que los nativos reclaman desde hace tiempo las tierras, que aseguran está afectada por ley de donación realizada por la Secta Moon, en el año 2007.

De la donación de 30.000 hectáreas por parte de la secta a los casadeños –que hasta ahora no fue transferida al Gobierno y este a su vez al Municipio–, unas 16 hectáreas están destinadas a la comunidad indígena y dentro de este límite están ubicados los vecinos del barrio San Francisco, que no saben qué futuro les espera, en caso de que el beneficio de la casa propia entre en ejecución.

convocatoria. Para debatir sobre la situación, en la mañana de ayer, los vecinos de San Francisco realizaron una convocatoria que incluyó a autoridades locales, entre ellas la intendenta Yudith Ferreira y un grupo de ediles.

La jefa comunal aseguró que realizará las averiguaciones correspondientes en las instituciones del Estado, ya que las tierras donadas por la secta están en litigio judicial por demandas internas dentro de la propia organización.

Los vecinos alegan que no están dispuestos a abandonar sus lotes y sus casas otorgadas por anteriores intendentes, y donde algunos ya llevan más de tres décadas de residencia. Aseguran que no están en contra de los indígenas en su proyecto de vivienda, pero que están preocupados por la situación que se presenta.

Conflicto. Recientemente, la empresa Victoria SA, de la Secta Moon, envió una nota a la ex Senavitat, donde expone su intención de donar un predio de 10 hectáreas para construcción de viviendas, tras la manifestación de mujeres jefas de hogar sobre un terreno que les fue otorgado mediante un certificado temporal firmado por la Intendencia.

La firma extranjera “ignoró al Municipio al dirigirse a Senavitat con su propuesta, ya que el órgano competente para este tipo de situaciones es la Comuna”, dijo la intendenta.

El terreno ofrecido fue individualizado con la matrícula N° R03-351, finca 21.051, padrón N° 1.694 de Puerto Casado, propiedad de la firma Atenil SA, administrada por Victoria, que es arrendataria.

“Sorpresivamente, este sitio que quiere ceder la secta para las mujeres jefas de hogar y que figura en la ley de donación con el mismo número de finca, y fue la concedida a la comunidad Livio Fariña”, alegó el concejal Ariel Guccione, quien pidió que se abra una investigación para aclarar que las tierras ofrecidas en donación son legítimas y a qué sitio corresponde.

La jefa comunal aseguró que el Municipio posee título de propiedad del terreno que ya fue destinado para construcciones de casas a través de Senavitat en 2016, donde ya se hicieron agrimensura y gestiones correspondientes.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.