Al final de la semana pasada, varios gremios empresariales emitieron un comunicado preocupados por la corrupción, la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos y la debilidad de las instituciones encargadas del control y de impartir justicia o castigo a los responsables.
En la carta dada a conocer se alerta que tal situación pone en riesgo las posibilidades de obtener el grado de inversión para el país, un objetivo perseguido desde hace varios años por las autoridades del Ministerio de Economía y del Banco Central del Paraguay.
Mientras los funcionarios técnicos realizan todas las tareas necesarias para cumplir con las exigencias de los organismos financieros internacionales y, principalmente, de las calificadoras de riesgo, los funcionarios políticos o elegidos en elecciones populares, al parecer, poco o nada les interesa la imagen país que se pueda proyectar en el exterior o la opinión que se pueda tener sobre Paraguay las calificadoras de riesgo o los grandes inversionistas.
Con esta actitud, todo el trabajo técnico, por más prolijo que sea, será tirado a tacho porque a la hora de tomar decisiones los grandes capitalistas se fijan en la seguridad jurídica, en la fortaleza e independencia de los poderes del Estado a fin de que se sientan seguros de que sus inversiones o capitales tendrán el resguardo necesario y un retorno oportuno.
Pareciera que las autoridades que fueron elegidas por votos populares creen que tienen una inmunidad especial que les permite actuar por encima o fuera de la ley, que nada o nadie puede reclamarles sus hechos.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, el país necesita realizar inversiones en infraestructura por unos 21.000 millones de dólares. Actualmente, la inversión promedio desde el Ejecutivo ronda los 1.000 millones de dólares anuales. A este ritmo se necesitan 20 años para que el país tenga la infraestructura que medianamente necesita para su desarrollo. Todos sabemos que tal dinero no existe en el país y que si no se consiguen de los fondos externos, el país seguirá soportando las precariedades viales.
Desde el Gobierno se planifican varias obras que requieren de la participación de capitalistas internacionales. Uno de ellos es el nuevo aeropuerto que se pretende realizar mediante una alianza pública privada (APP). El diseño ya está listo desde el año pasado, pero hasta ahora el Ejecutivo lo tiene guardado y recién hacia finales del 2024 se volvería a impulsar.
Otro proyecto que espera la llegada de inversiones es el tren de cercanías. Empresarios coreanos habían manifestado sumo interés por el proyecto. La ley está lista, pero hasta ahora nadie habla del avance de la propuesta.
El proyecto que está más avanzado es el de la duplicación de la ruta PY01. El proceso licitatorio está yendo por buen camino y se espera que en el segundo semestre se conozca a las empresas elegidas para encarar el ambicioso proyecto.
Pero están también los grandes proyectos de inversión encarados por los empresarios privados, como la planta de celulosa en el Departamento de Concepción. Este megaproyecto muestra un avance en lo que hace a las plantaciones de eucaliptos, pero aún requiere un importante capital para la instalación de la planta de celulosa propiamente. Para concretar el empréstito, los capitalistas se fijan en muchas condiciones, por lo que es necesario un esfuerzo unánime del sector público y privado para lograr el financiamiento.
También el plan de biodiésel en Villeta muestra importantes avances, pero como todo emprendimiento requiere de mucho capital que vendrá al país solo si ve un ambiente de negocios apropiado.
La posibilidad de la instalación de una planta de hidrógeno verde también está muy avanzada. Son inversiones multimillonarias, es decir, más de 1.000 millones de dólares.
Todos estos proyectos pueden concretarse y cambiar el rumbo económico del país, siempre y cuando que los espanta inversores no los ahuyenten del país.
