Hay coincidencia en que las reformas económicas realizadas a principios de este siglo, sumadas al boom de precios de commodities y a la elevada liquidez internacional, dieron un impulso al crecimiento económico del país por casi dos décadas. Las locomotoras fueron la producción y exportación de soja y derivados y de la carne vacuna, y la inversión en infraestructura financiada con deuda pública externa. La creciente previsibilidad macroeconómica generada por buenas políticas fiscales y monetarias combinada con una economía flexible, crearon el entorno apropiado para la iniciativa privada y se incrementaron la inversión, el crecimiento económico y el empleo; y se redujo a la mitad el índice de pobreza. Sin embargo, el impulso de los commodities se ha reducido, el índice de endeudamiento público externo prudente ha alcanzado su tope y las condiciones financieras internacionales están cambiando hacia mayores costos del financiamiento.
Por lo tanto, estamos en un punto de inflexión, recién hemos logrado alcanzar un ingreso per cápita de nivel medio-bajo y la tasa de pobreza sigue en alrededor del 25% de la población. Para seguir avanzando necesitamos nuevos motores de inversión y realizar ajustes en las políticas públicas que apunten a mejorar la productividad de la economía.
Cualquier renovado impulso a la inversión en la próxima década necesariamente estará vinculado a nuestros recursos relativamente abundantes: recursos naturales, energía y gente joven de mediana calificación. La instalación de la primera planta de celulosa en el Norte del país provocará el desembarco de otros proyectos similares. La conversión de energía hidroeléctrica y solar en hidrógeno verde y el desarrollo de un sistema de transporte público y privado eléctrico traerá un renovado impulso a la generación energética. La maquila seguirá siendo un importante instrumento de integración a las cadenas industriales regionales. Para acelerar este proceso, son necesarios cambios regulatorios en el sector energético; alcanzar ciertos acuerdos de integración, en especial con EEUU y Europa; mantener la previsibilidad macroeconómica; e incrementar la seguridad jurídica y física combatiendo la corrupción y la impunidad.
Por otro lado, hay un importante desafío en incrementar la productividad. A pesar de la aceleración del crecimiento en las últimas décadas, la productividad solo mejoró marginalmente. Una causa estructural está en el fracaso del Estado en la prestación de servicios de educación, salud e infraestructura de buena calidad, que limitan el capital humano y los servicios básicos y logísticos; factores subyacentes de la productividad y competitividad de todas las actividades económicas. Son urgentes las reformas que mejoren la calidad del gasto público y de estos servicios públicos fundamentales. Además, un alto impacto tiene la prevalencia de unidades empresariales muy pequeñas, altamente informales y con bajos niveles de productividad. Esto es afectado por el costoso esquema regulatorio que rodea la actividad empresarial, que tanto empresas como trabajadores buscan evitar. Es necesario modificar algunos puntos del régimen laboral y de la seguridad social para reducir los costos y promover la formalización. Asimismo, un enfoque muy especial requiere el diseño e implementación de políticas que apunten al desarrollo de un ecosistema de emprendedurismo e innovación.
Estos congresos que aglutinan a expertos internacionales y nacionales son importantes para compartir experiencias de políticas públicas en distintas áreas, sus factores de éxito y fracaso, con sus contextos y condicionantes, buscando implementar en nuestro país aquellas que sean relevantes y aplicables a nuestra realidad. Esta primera versión nos clarifica en que estamos bien encaminados y los nuevos frentes en los que debemos enfocarnos en los próximos años.
