A propósito del apodo de Morales, quien con maniobras se burla sucesivamente de la Justicia, en el marco del proceso por el presunto homicidio de Robert Marín, ocurrido en noviembre del 2020 en Asunción, Papo es una expresión coloquial que se utiliza para definir a una persona que se vanagloria sobre algo, pero termina siendo una decepción.
Analizando la realidad de nuestro país, desde las expectativas que tenemos los ciudadanos sobre quienes imparten la justicia, podríamos decir, que aquellas promesas de renovación y lucha contra la impunidad son puro “papo”.
El Poder Judicial está compuesto por los fiscales y los jueces a quienes la sociedad les encarga una de las misiones más importantes, que es impartir justicia. No obstante, gran parte de estos están sometidos a las autoridades de turno
El organismo, que debería de ser independiente, termina siendo copado por distintos intereses, pues el sistema permite que sean aquellos poderes fácticos los que tengan participación directa o indirecta en la designación de quienes tendrán en sus manos la lapicera de la Justicia.
El proyecto de ley que modifica el artículo 420 del Código Procesal Penal: “Que establece nuevo régimen unificado de recusaciones contra ministros de la Corte y magistrados judiciales en distintos fueros de la Justicia ordinaria...” el cual busca limitar el abuso de la recusación con fin meramente dilatorio, que es una de las estrategias preferidas por los abogados para llegar a la impunidad, duerme en el Congreso, al igual que las causas emblemáticas que son cajoneadas.
El proyecto conocido popularmente como la Ley Antichicanas fue presentado en abril del 2019 y justamente lo hizo el ministro Alberto Martínez Simón una vez que asumió como titular de la Corte Suprema de Justicia.
Pero así como tanto en la Fiscalía como en la Corte se dilatan los casos que favorecen a los amigos del poder, los políticos dilatan la definición de esta propuesta de ley en el Congreso. Casualmente, quienes más se benefician de las chicanas al momento de ser procesados son quienes tienen en sus manos combatir esta nefasta práctica.
El corrupto sistema judicial es el que impulsa a los amigos del mundo criminal a ingresar a la política, donde favor con favor se paga. Y si aún hay dudas, podemos preguntarles al diputado Erico Galeano y a otros más sobre los incentivos que tiene un “exitoso empresario” para hacer política.
La fórmula que conduce hacia la impunidad, sin duda alguna, se da en la sumatoria del poder con influencia política.
Ingresar al círculo del poder incluso te permite conseguir cambiar a un fiscal osado para que otro, elegido a medida, otorgue medidas sustitutivas a la prisión, levante un embargo o simplemente se olvide de presentar la acusación en el plazo establecido.
Así como la sociedad sigue siendo tibia a la hora de protestar contra la impunidad, comportamiento que se consolidó durante la dictadura de Alfredo Stroessner, el Ministerio Público sigue preso del esquema corrupto, que castiga a quienes tienen la osadía de imputar o investigar a los poderosos.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) es el principal garrote político para “corregir” a quienes no responden a las órdenes.
El país necesita que la Justicia se divorcie de los que tienen presos a los partidos políticos para empezar a creer que, algún día, habrá más narcopolíticos por los pasillos de Tacumbú y no solo pulularán consumidores de crac que hurtan para comprar drogas.
Finalmente, el problema no es la política, sino quienes la usan para conseguir impunidad.
