“Esto nos permitió ver que la tasa de pobreza, si bien aumentó, fue mitigada por los programas sociales, especialmente el referido, que fue de choque”, agregó.
Desde el BID, Pablo Ibarrarán, especialista principal de protección social, destacó que una limitación para implementar el IBU es la informalidad, además de que fiscalmente no es sostenible, a no ser que se aumenten los recursos para tal fin.
“Se debe seguir trabajando para el combate a la pobreza extrema, pero las desigualdades vienen por el lado de la calidad de los servicios de educación y salud”, mencionó.
Por su parte, Carmen Ubaldi, directora ejecutiva de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, indicó que el modelo de protección social del país apuesta a la política de cuidado, con prioridad en atender a mujeres; mientras que existe una necesidad de contar con información social, sobre desprotecciones, con el fin de tomar decisiones basadas en evidencias.