La situación de una mujer que recorrió previamente varios hospitales públicos y hace dos años tramita por una intervención quirúrgica en el Instituto de Previsión Social (IPS) ganó amplia notoriedad, luego de que se conociera el caso de una persona que rápidamente logró la aprobación del IPS sin ser asegurada por un convenio con el Ministerio de Salud para un trasplante de médula. Refleja la falta total de igualdad en el acceso al derecho a la salud. Es el caso de Juana Mercado, quien también a través del referido convenio requiere de una compleja cirugía para que le extirpen un tumor que crece cada año un promedio de un centímetro en su rostro. Ayer, luego de un largo vía crucis, el IPS respondió que le hará una cirugía paliativa.
En este contexto de necesidades muchos asegurados reclaman el retraso de cirugías en el IPS, y la falta de respuesta de las autoridades sanitarias. La carencia de medicamentos es otro problema, como también la lentitud en la institución para obtener un turno para consultar.
Por otra parte en los hospitales públicos la falta de insumos y de la infraestructura necesaria para una atención especializada es el reclamo frecuente. En el interior del país se agudiza.
La ley fundamental de la República es muy rica en su contenido al garantizar la salud y la igualdad de oportunidades. El problema radica en las autoridades, quienes deben hacer cumplir estos preceptos tan nobles. La Constitución Nacional en su artículo 68 sobre el derecho a la salud es tajante al afirmar que el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Agrega que nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades.
También en su artículo 46 establece que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. El artículo 47 también prescribe que el Estado garantizará a todos la igualdad ante las leyes.
La Carta Magna de manera más amplia también resalta en su artículo 4 el derecho a la vida como inherente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general.
La salud es un derecho de todos. El Ministerio de Salud debe articular las gestiones necesarias y hacer el máximo esfuerzo para que todos los ciudadanos paraguayos puedan acceder a este derecho humano básico, sin ningún tipo de distinción. El IPS en tanto tiene que brindar mejor atención a los asegurados.
En todos los niveles el funcionario debe ser un servidor público que muestre humanidad ante el dolor y enfermedades de las personas.
Un ejemplo a emular de parte del funcionariado es el servicio que prestan en general los médicos, quienes demuestran entereza y gran sensibilidad hacía los pacientes en esta pandemia. Este tipo de actitudes a replicar también propiciará una mejor atención al usuario del sistema público, en este caso de Salud, no importando quien sea el requirente.
Es un derecho de cualquier paraguayo exigir igualdad en el trato para recibir la atención sanitaria que necesita y es obligación de las instituciones del Estado dar una prestación eficiente.
