Paraguay cuenta con una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, denominada ENIF, que tiene como objetivo central reducir la pobreza e impulsar el crecimiento económico en nuestro país por medio del acceso a los instrumentos financieros. La iniciativa tiene un enorme desafío, teniendo en cuenta cómo los paraguayos nos manejamos con la plata y las barreras existentes para el fácil arribo al sistema financiero.
Según los datos recolectados y dados a conocer en su momento por la ENIF, menos del 40% (ya siendo generosos y redondeando números para arriba) de los adultos en Paraguay posee una cuenta en una institución financiera formal. Menos del 15% ahorra mediante una caja de ahorro, una cuenta corriente o las llamadas rueda de ahorro, mientras que entre las personas que pueden (o dicen) ahorrar, la mayoría opta por tener el dinero ocioso en su casa, literalmente bajo el colchón o en una alcancía... No lo invierte para generar algún retorno, sino que lo guarda y tiene a mano para gastarlo luego.
Igualmente, otros números en la materia muestran que si bien la falta de dinero y los costos correspondientes son los principales motivos por los cuales las personas no tienen una cuenta habilitada en una entidad financiera formal, aproximadamente un 40% de los paraguayos (cuatro de cada 10) directamente considera que esto no es necesario, pese a que la inclusión en el sistema y el acceso a los productos financieros –bien utilizados– pueden contribuir a mejorar las condiciones y la calidad de vida.
Y es que no hay una comprensión muy acabada de cosas importantes a saber para tomar decisiones correctas en el ámbito económico. De acuerdo con la llamada Encuesta Capacidades Financieras, dos de cada cinco personas hacen un presupuesto para manejarse (positivo), pero la mayoría de ellos lo hace de una forma poco precisa (negativo). Por otro lado, otra vez son cuatro de cada 10 aquellos que no tienen en cuenta que la inflación hace que su dinero valga cada vez menos. Asimismo, son minoría quienes manejan conceptos relacionados a generación de ingresos pasivos, intereses compuestos u otros que los economistas que abordan temas de finanzas personales recomiendan ampliamente.
Las leyes a veces tampoco ayudan si volvemos a referirnos a la inclusión financiera. Para muestra basta un botón: La tan famosa Ley de Tarjetas, vigente desde 2015, ayudó a reducir las altas tasas de interés para la utilización de las tarjetas de crédito, pero asimismo –conforme a los datos de una de las principales operadoras del mercado– sacó este tipo de plásticos de las manos a casi tres de cada 10 personas de ingresos más bajos. La digitalización es otro punto clave. El alto acceso a dispositivos móviles o teléfonos inteligentes existentes en nuestro país ayuda a la inclusión por medio de las billeteras electrónicas, pero debe ir evolucionando de forma vigorosa a garantizar más que solo el envío de dinero.
La exclusión (o en ciertos casos autoexclusión) financiera, que se alinea en cierto modo con las falencias en materia de la educación en general y la financiera en particular, acarrea un alto costo que no nos podemos dar el lujo de pagar. La pandemia en el año 2020 y la elevadísima inflación (entendida en el contexto local) en 2021 ya contrajeron notoriamente el bolsillo de los paraguayos. Y mientras más personas dejen de tener acceso a préstamos, no generen intereses por ahorros o inversiones o no sepan utilizar su dinero, el riesgo de encontrar hogares que no posean lo mínimo para subsistir aumenta. De hecho que para el cierre de este año, de acuerdo con proyecciones del Instituto Desarrollo, se espera que alrededor de 30% de los paraguayos esté en situación de pobreza. La cuestión, más allá de los esfuerzos de ciertas autoridades de entes puntuales, parece no ser prioritaria en la agenda, sin embargo, elevar los niveles de educación e inclusión financiera –a la par de ir reduciendo los niveles de informalidad– puede servir de base, entre otros, para lograr un mayor y mejor crecimiento económico en el país.
