Tras varios meses de denuncias en los medios de comunicación y en las redes sociales, después de reclamos e incluso manifestaciones públicas de las víctimas, el Ministerio Público finalmente imputó a 63 personas, entre las que se encuentran jueces, actuarios y abogados, quienes presuntamente integran una organización delictiva, montada para estafar a asalariados mediante demandas sobre supuestas deudas, mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso, conocida como la mafia de los pagarés. Es hora de que se haga justicia.
Después de meses de reclamos y denuncias, el Ministerio Público imputó a 63 personas, entre quienes se encuentran jueces, actuarios y abogados. Todos presuntamente integrarían una organización delictiva organizada para estafar a personas asalariadas mediante demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas, mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso, conocida como la mafia de los pagarés.
Los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía presentaron la imputación contra cuatro jueces de Paz de la capital y una ex jueza, por la comisión de los supuestos hechos punibles de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso; también fueron imputados actuarios judiciales, como presuntos cómplices, así como ujieres notificadores de los juzgados de Paz de La Encarnación, La Recoleta, Catedral del 2° Turno y San Roque, todos de la ciudad de Asunción. Figuran asimismo en la lista, abogados vinculados con empresas de cobranzas, imputados por los supuestos hechos punibles de instigación al prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso; y, por último, a oficiales de Justicia, por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Por lo que se sabe, del 2022 al 2024, varias empresas de cobranzas promovieron demandas de acción preparatoria de juicio ejecutivo y a veces directamente juicios ejecutivos para ejecutar pagarés “sin indicación del beneficiario”, dice el Ministerio Público. Los ujieres debían notificar a los supuestos deudores de estas demandas, para que comparecieran a reconocer sus firmas; los deudores asimismo debían haber sido intimados, además de recibir otro tipo de notificaciones.
El problema en este esquema es que ni las notificaciones, ni las intimaciones de pago, así como tampoco los mandamientos de embargo se hicieron, pues los ujieres y oficiales de Justicia consignaron falsamente en los expedientes las cédulas de notificación con supuestos informes de haber diligenciado “en una misma fecha, e incluso, en una misma hora, y en ciudades distantes”, a veces por la misma persona.
En este perverso esquema, según la Fiscalía, los jueces habrían beneficiado a los demandantes, “torciendo el derecho”, porque se habrían falseado los hechos, diciendo que las notificaciones se hicieron supuestamente de la debida manera, cosa que no ocurrió en centenares de estos expedientes.
Como explicaba una de las centenares víctimas, su supuesta deuda la promovió la firma Vanesa y Asociados SA en el Juzgado de Nueva Italia, en 2021, pese a que el préstamo lo hizo en 2013, en Fernando de la Mora, y fue cancelado en 2015.
La jueza, luego de ser denunciada, renunció, y se vio que tenía en su poder 700 denuncias con pagarés. Sin embargo, en febrero pasado, nuevamente intentaron embargar el salario de la víctima con el mismo pagaré, a través de una resolución de un juzgado de Paz de Benjamín Aceval, cuyo juez se encuentra procesado.
Una Justicia injusta y parcial constituye precisamente una de las debilidades de la democracia y el Estado de derecho. Es hora de desmontar este esquema judicial de estafas que tanto daño ha causado.
