Los números oficiales sobre abusos a menores siguen siendo alarmantes y muy graves atendiendo que también están aquellos casos no denunciados, conocidos como la cifra negra. Siete casos de abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes por día registró la Fiscalía en los primeros tres meses, es decir unas 622 denuncias, pese a que se tuvo un leve descenso con respecto al año pasado en el mismo lapso, en que se registraron 691 casos. No obstante, el servicio de Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia tuvo un incremento de denuncias por abuso este año. En los primeros cuatro meses del año pasado se registraron 239 llamadas, en tanto en el primer cuatrimestre del 2022 los casos aumentaron a 350.
Esta situación nos muestra el rostro de una parte de una sociedad muy enferma que se aprovecha de niñas, niños y adolescentes vulnerables haciendo uso del poder de la fuerza y muchas veces de la dependencia de estos menores hacía sus agresores. La realidad es muy cruda cuando se informa que el 80% de este tipo de hechos punibles fueron cometidos por familiares o personas que circundan el entorno familiar. Es decir el enemigo está en la casa o cerca de ella y las potenciales víctimas están en peligro constante cuando un abusador reside en ella o circunda el lugar.
El gran daño que ocasionan a los menores es terrible, en su desarrollo físico y sicológico, su autoestima y su relación con las demás personas. Definitivamente, destruye su confianza hacia el entorno en que vive. Suelen ocurrir embarazos prematuros no deseados. El aislamiento de las niñas y la inasistencia a la escuela. Hay casos de revictimización en que el abusador vuelve a cometer los hechos chantajeando por años a la víctima.
También la comunidad en general debe estar alerta ante la más mínima detección de un caso de abuso y sin dudar hacer las denuncias, que es un paso clave para combatirlo. En ese sentido, los registros oficiales indican que las denuncias en mayoría fueron realizadas por miembros de la comunidad donde habita la víctima, ya sean vecinos o alguna tía.
En estos días fue lanzada la campaña #TodosSomosResponsables, por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y apoyada por empresas y organizaciones. Se desarrolla en el marco del Día Nacional de Lucha contra el Maltrato, el Abuso Sexual y Laboral hacía Niñas, Niños y Adolescentes en Paraguay, que se recuerda cada 31 de mayo, en memoria de Felicita Estigarribia, la menor vendedora de mandarinas de Yaguarón, que a sus 11 años fue hallada sin vida con indicios de ser abusada sexualmente hace 18 años. La campaña concentra sus esfuerzos en desnaturalizar situaciones de abuso sexual, prevenirlo, sensibilizar sobre la necesidad de abordar los abusos como algo real, cercano y muy grave, que no puede seguir ocurriendo ni quedar impune y que la gente los denuncie. Este año la campaña le da un énfasis especial al abusador.
El Estado debe articular y consolidar las medidas de prevención y protección de los niños y el de un seguimiento al menor para su contención en un ambiente acorde a la situación que atraviesa. La educación, la prevención, la detección precoz y la formalización de la denuncia son relevantes para combatir la violencia contra los niños. Se deben redoblar esfuerzos en la aplicación de políticas públicas que trabajen también en el fortalecimiento integral de las familias, que es el ambiente donde lamentablemente ocurren los vejámenes. Por ello es que la articulación de instituciones del Estado con la sociedad civil adquiere gran relevancia.
Por otro lado, la Justicia debe ser implacable con los abusadores y caer sobre ellos con todo el peso de la ley. Si hay pruebas contundentes, no debe vacilar en castigarlos con toda la fuerza que se merecen.
