–¿Cómo cierra su lucha al frente de una unidad tan sensible como la de Narcotráfico?
–No puedo hablar de un cierre, ya que mis actuales funciones, incluyen igualmente, obviamente, desde otro rol dentro del Ministerio Público, tener a mi cargo dos unidades de lucha contra el Narcotráfico en el Departamento de Itapúa, que como el resto del país presenta grandes desafíos en esa materia.
Por supuesto que debo decir que prácticamente toda mi carrera dentro de la Fiscalía la desarrollé en la Unidad Antidrogas, a la que le debo mi formación y capacitación en esos temas.
–¿Cuál es la expectativa como fiscala adjunta al frente de un área tan movida como la del Departamento de Itapúa?
–Al iniciar una gestión como esta, buscamos marcar la diferencia, escuchar las inquietudes más importantes de los funcionarios del Ministerio Público y de los distintos sectores ciudadanos, a fin de generar mecanismos tendientes a la mejora de la gestión fiscal.
–¿Cuáles serán los principales desafíos que deberá enfrentar?
–Toda nueva posición conlleva un nuevo desafío y, en mi caso, es generar un control a las unidades a mi cargo, como parámetro de cumplimiento de la Ley Orgánica, y con miras a brindar un servicio de justicia de mayor calidad.
–¿Cuál será el foco central de su nuevo cargo?
–La priorización de los casos que afectan a la sociedad como colectivo, narcotráfico, contra el medioambiente y en particular aquellos vinculados a sectores más vulnerables, hechos punibles contra niños y adolescentes, violencia familiar e incumplimiento del deber legal alimentario.
–Una semana en el cargo, ¿cuáles fueron las primeras funciones?
–Las primeras gestiones tienen que ver con un diagnóstico tanto a nivel administrativo como misional.
En estas primeras semanas, nos abocamos a conocer los números del área: Delitos más denunciados en cada una de las zonales; situación administrativa como la cantidad de talento humano disponible, móviles, etcétera.
La realidad no es muy distante al del resto del país, (pues) varios fiscales se encuentran interinando dos o más unidades o de turno permanente.Son seis zonales que totalizan 26 unidades fiscales a mi cargo.
–Se los vinculó a los nuevos adjuntos como que muchos fueron elegidos por la política, ¿qué puede decir de eso?
–De lo que yo puedo hablar es de mi formación dentro de la institución durante 21 años (ingresé en el año 2003) y cumplí todas las funciones que hacen a la carrera fiscal.Este proceso viene mucho antes de este Gobierno. Como saben, los concursos se tramitan con mucha antelación.Rescato las palabras del presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, el día del juramento, respecto a la cuestión de ver el perfil y legajo de cada uno, basado en distintos valores como el de la honestidad, es decir una suma de distintos factores.
–¿Es la política una gran influencia en las investigaciones? ¿Cómo combatirá eso?
–El fiscal debe ser un técnico, una persona capaz de sostener jurídicamente su posición ante quien sea. Si se deja llevar por otras influencias del momento, todos sabemos que eso no se sostiene en el tiempo. Creo que en este punto los medios de comunicación son un gran apoyo contra esa eventual influencia y también a los efectos de actuar como mecanismo de rendición de cuentas, que como funcionarios estamos obligados a brindar.
–Cambiando de tema, vimos últimamente muchos pedidos de desestimación, por casos que prescribieron durante la investigación. ¿Por qué prescriben las causas en manos de los fiscales?
–Por muchas razones, pero más que nada por inacción, y esta puede derivar de distintas razones: Falta de motivación en los funcionarios, cantidad elevada de ingreso de casos, etcétera.Es por ello que la investigación fiscal muchas veces debe iniciar con un análisis de priorización, en donde los plazos (en este caso de prescripción) debe ser uno de los parámetros a considerar.
–¿Merecen sanción por dejar prescribir los casos?
–Las sanciones deben darse en proporción a la responsabilidad de cada componente del equipo fiscal o judicial. Si bien el agente fiscal es el que siempre da la cara y finalmente es el responsable de una investigación, existen una innumerable lista de funciones que otros actores, como los funcionarios, deben cumplir y entiendo que deben ser evaluados en ese sentido igualmente. Es decir, cada causa debe ser analizada puntualmente, considerando todos los motivos que se dieron en los casos concretos.
–Y para cerrar, ¿qué análisis merece el proyecto de ley que busca reducir plazos procesales alegando mora en el sistema judicial?
–Ya existieron iniciativas similares, y lo único que puedo decir es que es muy importante que los encargados de este tipo de proyectos escuchen a los operadores de Justicia.A este efecto, no es lo mismo investigar y llevar a juicio un caso de flagrancia que uno de lavado de activos con multiplicidad de autores o casos de corrupción pública.
Que no queden impunen los hechos punibles debe ser la principal premisa y allí la importancia de razonar sobre la complejidad de las investigaciones, como por ejemplo aquellas vinculadas a delitos transnacionales como los de crimen organizado, en donde un parámetro a considerar es también la cooperación internacional, que tiene sus tiempos y sus formas en su tramitación y que inciden en el plazo de duración de los procesos.
