La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia y María Carolina Llanes, rechazó las aclaratorias planteadas del acuerdo y sentencia 783 del 6 de agosto del 2021, solicitada por la abogada Aida Espínola, en representación de Óscar Viera, como por el condenado Rubén Quesnel, ex titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).
De esta manera, finalmente queda firme la condena de 10 años de cárcel por lesión de confianza, informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora. Ahora el Juzgado de Ejecución será el encargado de aplicar la sentencia.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLa ministra Llanes dijo que “los litigantes peticionan que sea aclarada la resolución dictada por este Tribunal, sin embargo, de la lectura del fallo no se advierten deficiencias que ameriten su aclaratoria, pues no se observan ningún error u omisión material, como ser errores de copia o meramente aritméticos, equívocos referentes a nombres y calidades de las partes”.
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Señaló que tampoco se observan “conceptos oscuros, –imprecisiones terminológicas susceptibles de dificultar y aplicar lo decidido– razón por la cual, corresponde no hacer lugar al pedido formulado por improcedente”.
Por su parte, el ministro Ramírez Candia explicó que la ley otorga competencia a la Sala Penal, por medio de la aclaratoria, únicamente para verificar si el fallo atacado contiene errores materiales para su corrección, omisiones a fin de agregar lo omitido o expresiones oscuras a ser aclaradas, siempre sin alterar lo sustancial en Ia resolución cuestionada.
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Sostuvo que a través de la aclaratoria, la ley no permite modificar lo resuelto por el órgano colegiado, ya que no es un recurso y no tiene la entidad de tal, por lo que en ningún caso admite el estudio del fondo para arribar posteriormente a una decisión distinta a la ya obtenida.
El caso del pueblo Sawhoyamaxa
Rubén Darío Quesnel fue condenado a 10 años de cárcel por el desvío de G. 3.127 millones que debían ser destinados a las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Yakye Axa del Chaco.
El 11 de agosto pasado, la Sala Penal de la Corte, integrada por los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, confirmó la sentencia dictada en el juicio oral dictada el 28 de agosto del 2018.
Además de su condena por lesión de confianza, también fueron ratificadas las penas de 3 años y medio para el ex funcionario del Indi Éver Otazo y de 2 años y medio para Óscar Enrique Viera, ex representante de Reforest Par. En el mismo caso, se había condenado a 6 años de cárcel a Marlene Mendoza.
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Según la condena dictada en el juicio, los G. 3.127 millones debieron ser destinados a comunidades indígenas como pago de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto, porque fueron violentamente echadas de sus tierras ancestrales y restituidas posteriormente.
Según se probó en el juicio oral, el condenado Otazo retiró G. 1.000 millones, luego el propio Quesnel, junto con otros funcionarios, Otazo y Mendoza, retiraron G. 2.127 millones de un banco de plaza que no fue para los indígenas.
