Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de la familia de Rodrigo Quintana, en contacto con radio Monumental 1080 AM recordó que los padres del joven fueron los primeros en asumir la querella adhesiva para impulsar la causa, pero que se toparon con muchísimos problemas en la Fiscalía, que les impedía a los abogados avanzar con la investigación.
“La propia Fiscalía les impedía a los abogados avanzar con la investigación más básica. Con el circuito cerrado, por ejemplo, no les permitían hacer análisis porque eso, en lugar de meter en la causa de la muerte de Rodrigo, llevaron a la causa a cargo de Aldo Cantero para investigar las bombas molotov”, cuestionó.
En ese contexto es que él entra a la causa en representación de los padres de Rodrigo y logra conseguir el circuito cerrado y el cruce de llamadas del entonces comandante de la Policía, Críspulo Sotelo.
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“Nos entregan el extracto de llamadas entrantes y salientes del comandante de la Policía de ese entonces, pero este cruce de llamadas era como para matar la investigación”, mencionó.
Seguidamente, indicó que las comunicaciones entre Sotelo y personas vinculadas al proceso de enmienda no fueron investigadas como debían.
Duarte Cacavelos mencionó que “se les cercenó” la posibilidad de responder quién dio la orden para que se atraque el Partido Liberal.
🔴 ¿Quién dio la orden?: Fiscalía priorizó otras causas y obstaculizó el esclarecimiento del homicidio, afirma abogado
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) April 11, 2025
👉🏼 Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de la familia de Rodrigo Quintana, denunció las irregularidades y obstáculos que enfrentó la investigación del homicidio… pic.twitter.com/oEgNorrzpB
“La evidencia digital que está preservada da cuenta de que los policías que llegaron no es que respondían a un solo mando. En primer lugar, estaban los escopeteros que tenían un motivo para estar por la zona porque fueron los que estuvieron en el Congreso”, se explayó.
Para el abogado, los videos y las imágenes de circuito cerrado muestran que los policías llegaron en un operativo cerrojo y atropellaron la sede liberal sin perseguir a nadie.
“Entonces, para nosotros era claro que hubo una orden del comandante de la Policía Nacional, que ejecutaron los altos mandos policiales con sus personales para atracar el PLRA. No decimos que querían matar a nadie, pero querían atracar el PLRA y hay que investigar para qué”, enfatizó.
Seguidamente, afirmó que esa es la línea investigativa que la Fiscalía se negó a seguir.
Rodrigo fue asesinado en la sede del PLRA en la madrugada del 1 de abril del 2017, tras las protestas contra la intención de enmienda proreelección del entonces presidente Horacio Cartes, conocidas como el 31M.
El único acusado por su muerte es el suboficial Gustavo Florentín, quien enfrenta juicio oral por homicidio doloso. El uniformado acusó al ex ministro Lorenzo Lezcano de inculparlo.
Mientras que la Fiscalía pide la pena de 25 años de cárcel por la muerte del joven Rodrigo.
