El nuevo titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), el general retirado Juan Ramón Benegas, se desempeñaba últimamente como asesor de seguridad de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Antes de pasar a retiro en el 2016, se desempeñó como director general de Tecnología de la Información y Comunicación de las Fuerzas Armadas (FFAA).
Benegas reconoció a Monumental 1080 AM que no tiene ninguna experiencia de trabajo en el área, pero que prestando servicio en la 4 ª Divisón de Ingeniería en Joel Estigarribia (Chaco) prestó asistencia a los “compatriotas indígenas”.
El cambio de Marlene Ocampos se da en medio de protestas por parte de indígenas de la comunidad Itanaramí, de Villa Ygatimí, Departamento de Canindeyú, quienes se instalaron frente a la institución y este lunes cerraron la avenida Artigas, por desalojos violentos de los que fueron víctimas y la falta de asistencia estatal.
Lea más: Achés denunciarán al Gobierno paraguayo por genocidio, en Madrid
“Sabemos de las necesidades que ellos están pasando y me considero capaz para mitigar las necesidades y cumplir lo que dice la Carta Magna, que ellos no sean ciudadanos de segunda categoría y reciban la asistencia, y que tengan sus comodidades, sus casas y sus medios de sustento, y todo lo que se le pueda facilitar desde el Estado”, remarcó.
Asimismo, sostuvo que su intención es que el Indi llegue a ellos en sus comunidades, en sus parcialidades, en su hábitat.
“Tengo 43 años de vida uniformada, pasé a retiro a fines del 2016 y siempre he tratado de servir a mis semejantes como miembro de las Fuerzas Armadas”, aseguró.
Sobre su falta de preparación en el área, dijo que se ha preparado para lo que se le presente en la vida y que es licenciado en Administración de Empresas. También, que acompañó el proceso electoral de Santiago Peña pensando en ocupar algún cargo.
Entérese más: El genocidio del pueblo aché y el pedido de justicia universal
El militar retirado prometió transparencia y honestidad en su gestión y pidió un tiempo de un mes o dos meses para ponerse a hablar de su gestión “por el bien de nuestros conciudadanos”.
Ante la crítica de que se siga postergando a los pueblos indígenas y nombrando a una persona sin conocimientos en el área, que debe interiorizarse antes de entender la problemática, pidió no satanizar, porque, de lo contrario, no llegarían a buen puerto.
“Yo les prometo que vamos a hacer el esfuerzo. Me considero capaz de llevar adelante esta institución”, manifestó.
Nuevo titular del Indi reivindica a Stroessner
El general retirado había compartido en sus redes sociales publicaciones que destacaban al dictador Alfredo Stroessner como “el mejor presidente de la historia del Paraguay”.
El mismo Stroessner que permitió con sus políticas la apropiación de los recursos naturales que pertenecían a los nativos, en el marco de una política de expansión de las fronteras agrícolas en manos de colonos. También se dieron casos de tortura, ejecución, esclavitud y abuso sexual cometidos por funcionarios estatales contra diversas comunidades, además de colonos.
Más detalles: Peña destituye a presidenta del Indi y designa en su reemplazo a militar retirado
El régimen de Stroessner reprimió los derechos indígenas, afectando los proyectos de vida, las culturas tradicionales, la cosmovisión y la territorialidad de ese grupo.
Así también, muchos colonos explotaron la mano de obra indígena aplicando sobre ellos un mecanismo de servidumbre por endeudamiento.
Agricultores, policías y militares secuestraron, esclavizaron y traficaron niños indígenas. Más allá de ser utilizados como fuerza de trabajo, servían como esclavos sexuales.
Uno de los mayores comercios de nativos en el interior del país se dio en manos del sargento Manuel Jesús Pereira, a través del Departamento de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Defensa.
Según relatos recogidos por víctimas, el funcionario cazó, esclavizó, abusó sexualmente, torturó y asesinó a distintos indígenas del pueblo Aché por más de dos décadas. El Indi dependía anteriormente del Ministerio de Defensa.
Recién con la Constitución del año 1992 se consiguió incluir varias garantías para los pueblos indígenas residentes en el territorio paraguayo, en tanto que no hubo reparación alguna a las víctimas de los mecanismos represivos del gobierno de Stroessner.
En el 2013 se presentó en Argentina una querella criminal contra responsables de la dictadura paraguaya que atentaron contra la población de los Aché, ampliándose las causas por delitos de genocidio y de lesa humanidad.
En el 2014, en Madrid, los achés denunciaron al Gobierno paraguayo por genocidio en las décadas de los años 50 y 60. Testigos del genocidio, como el antropólogo Mark Münzel o Bartomeu Melià, y una de las víctimas achés, Margarita Mbywangi, participaron del acto en aquella ocasión.