En un complot entre una concesionaria y un Juzgado de Paz, a los clientes no solo les sacaban sus vehículos, sino que se quedaban con el dinero pagado mes a mes, cuando se atrasaban una sola cuota, diciéndoles que eso quedaba en concepto de alquiler.
Contra la empresa Steven Automotores hay denuncias en la Fiscalía desde el 2018.
Cientos de presuntas víctimas denunciaron haber perdido sus autos al atrasarse tan solo una cuota, luego ya les aparecía un oficial de Justicia junto con una patrullera.
El modus operandi era el mismo en casi los 200 expedientes que encontraron los fiscales y se presume que el número de víctimas también podría llegar a esa cifra.
Ya en sus contratos –que por cierto eran leoninos– hacían constar varios puntos que a los únicos que beneficiaban era a los propios dueños de la empresa.
Una persona se atrasaba en una cuota y ya la concesionaria hacía la demanda. Sin notificar al cliente, directo salía en horas o días la orden de secuestro del vehículo. No se le daba la oportunidad de defenderse y hacían consignar de que no se pagó ninguna cuota.
Como la propia playa de autos instalaba un dispositivo de GPS en los vehículos, no les resultaba difícil a los oficiales de Justicia encontrar dónde estaban los autos, llegando hasta donde estaban estacionados.
Incluso, estos oficiales de Justicia eran los mismos abogados de la empresa que presentaban las demandas.
La playa de autos se alió con el Juzgado de Paz de Chaco’i, cuyo magistrado hoy está suspendido y en prisión. Hay evidencias claras y contundentes, y viendo así es casi seguro que el caso pueda ir a juicio.
Lo grave es que al saltar este caso, no solo llovió, sino que se armó un diluvio de la cantidad de personas que se van acercando y denunciando ser víctimas no solo de esta empresa, sino de otras firmas más que se encuentran en Central y Asunción.
También otras utilizarían este modo de delinquir, incluso, operando al parecer también con el mismo juez y con sus mismos funcionarios. Lo que llama mucho la atención, ya que tendrían que haberse buscado sedes judiciales que estén en su misma circunscripción; sin embargo, esto da cuenta de que terminan buscando aliados para delinquir.
Está claro que acá se juega con la ilusión de muchos de conseguirse un autito, la ilusión de poder tener las propias comodidades, que a muchos les cuesta conseguir.
Surge la pregunta: ¿Quién controla estos contratos?, ¿quién controla la forma en que estas empresas se están manejando? ¿Quién pone un límite para que no se estén aprovechando y sobrepasando los derechos de los compradores?
Creo que esto que está saltando debería ser una llamada de atención para se empiece a verificar cómo funcionan las concesionarias y cómo operan con los juzgados, una vez que los clientes se atrasan en sus cuotas.
Una cosa es que estas firmas hayan sufrido la falta de pagos de compradores y tuvieron que buscar estrategias para que esto ya no suceda, pero otra muy distinta es que se aviven y busquen perjudicar.
