Los colorados blanquearon la cuestionada gestión del intendente que responde con insolencia a cada pregunta sobre la transparencia en el uso de recursos. En su análisis del balance, el concejal Humberto Blasco encontró que la Municipalidad no puede cumplir con sus obligaciones en el corto plazo y que casi el 60% del patrimonio está comprometido en deudas.
Sin financiamiento, la Comuna no podrá sostener siquiera sus operaciones, lo que obligará a la institución a recurrir a más préstamos para fin de año. Ya no se trata de un déficit de caja, sino de un déficit estructural, de acuerdo con Blasco.
El concejal colorado Jesús Lara Céspedes no se animó a rebatir el análisis de su colega opositor; sin embargo, en su intento por defender la gestión de Nenecho, argumentó que el documento no oculta información y que refleja la realidad; por tanto, defendió la aprobación del balance con los números en rojo.

Este edil no solamente es fiel a su partido, sino que está pagando favores. A mediados del año pasado, se descubrió que tenía a sus hermanos con cargos de directores en la Municipalidad, representando un costo a la ciudadanía por más de G. 53 millones mensuales y casi G. 700 millones al año.
En total, 14 concejales aprobaron el balance, pero además operaron para que el voto sea a mano alzada y evitar así una menor exposición. Humberto Blasco, Fiorella Forestieri, Álvaro Grau, Paulina Serrano y Pablo Callizo forman parte de una minoría de oposición que rechazó la gestión de Nenecho y que está a la expectativa de un cambio de timón en las próximas elecciones.
Públicamente, Nenecho admitió que no le quita el sueño la idea de una reelección o quizás es la imposibilidad de sostener su propia administración tambaleante la que lo empuja a desistir. En paralelo al déficit de la Municipalidad, el intendente enfrenta una imputación por el caso detergentes de oro, con un daño patrimonial estimado en casi G. 2.000 millones.
Para la Fiscalía, Nenecho fue la cabeza de un grupo de más de 20 personas para delinquir durante la pandemia con recursos públicos.
Los colorados están preparando el terreno para continuar en Asunción y tienen a su favor todo el aparato estatal para seguir desangrando a la ciudad. Utilizarán todo su poder para no dar lugar a la oposición, como lo hacen en el Congreso con persecuciones y hasta destituciones como en el caso de Kattya González, quien tampoco encuentra respuestas en el Poder Judicial.
El presidente de Essap, Luis Fernando Bernal; el viceministro de Educación Superior, Federico Mora, y José Alvarenga (el afamado compravotos) suenan como precandidatos del oficialismo. Por la disidencia estarían Daniel Centurión, Hugo Ramírez y Juan Villalba, ex director de la PMT, quien había ido preso por violencia familiar.
Los opositores buscan una nueva alternancia, teniendo como precedente la turbulenta intendencia de Mario Ferreiro, quien finalmente se vio obligado a renunciar a finales del 2019 tras denuncias de corrupción.
Para tratar de derrocar a la ANR, integrantes de la alianza Unidos por Asunción firmaron un documento que los compromete a presentar una candidatura única para la Intendencia, así también deben elaborar un programa de gobierno municipal y asegurar la gobernabilidad facilitando la lista para concejales.
Hasta ahora son unos cinco partidos y movimientos que se adhirieron, donde será crucial sostener un acuerdo hasta el final, teniendo en cuenta la fallida alianza para las elecciones generales del 2023. Por el momento se perfilan Johanna Ortega y Eduardo Nakayama para pujar por un cargo que heredará una deuda sin precedentes con un millonario desvío de fondos.