¿Quiénes son los tan temidos “antiderechos”?

Asunción vuelve a ser sede de la Asamblea General de la OEA, atrayendo por esta semana la atención de la diplomacia americana y del mundo del activismo político jurídico en derechos humanos. Estas instancias siempre generan tribuna para que agrupaciones que pretenden usurpar para sí y nadie más el calificativo de “defensores de derechos humanos,” dirijan sus dardos en contra de los Estados y organizaciones que defienden los derechos humanos desde una filosofía y antropología distintas a las que ellos pretenden como única. Lo cierto es que, el calificar a Estados como “reaccionarios” o a otros, grupos defensores de derechos humanos como “anti-derechos”, no es un argumento, sino lo que se conoce como un ataque personal y político, que en vez de ir al fondo del asunto, pretende indisponer a los oyentes en contra de sus adversarios. Más aún, la idea de que alguien es “antiderechos” es una cuestión relativa y de perspectiva frente a un determinado asunto. Las palabras de la activista Mirta Moragas hace unos días en este medio ilustran muy bien el punto.

Moraga critica a su Estado por su rechazo a adherir a las convenciones contra la intolerancia, también conocidas como las “Convenciones Mordaza”, señalando que muestra que Paraguay no quiere asumir sus responsabilidades internacionales y que es una posición “negadora de derechos,” sin justificación. Lo que Moraga no dice es que estos tratados han sido un total fracaso a nivel de la región, que no han sido capaces de concitar el apoyo de más de dos Estados, después de 11 años de haberse terminado de negociar.

¿Y por qué nadie ha querido ratificarlos? Porque son propuestas que se apartan radicalmente del derecho internacional que existe hasta hoy, en términos de su protección de libertades fundamentales y no discriminación, sacrificando las más esenciales libertades humanas. Las convenciones mordazas crean un nuevo derecho humano a ser protegido de la intolerancia, la que se define por primera vez como cualquier manifestación de rechazo a las convicciones u opiniones de otros por ser distintas o contrarias. Es decir, cualquier desacuerdo es intolerancia. Toda persona será por definición intolerante. Pero solo algunos serán perseguidos por ello. Cada lector puede elucubrar a quiénes perseguirán quienes detentan el poder.

En este sentido, estas convenciones destruyen la libertad de pensamiento y expresión como las conocemos y apreciamos hoy. Paraguay reclamó esto el 2014. Y se encuentra en buena compañía. Tanto Estados Unidos como Canadá se retiraron de las negociaciones de los tratados acusando precisamente su incompatibilidad con el régimen de protección de derechos humanos que rige en América, por lo que no podrían jamás apoyarle. En forma más reciente, el Congreso peruano declinó definitivamente aprobarlas, por la misma razón.

Si alguien merece la calificación de “antiderechos,” son aquellas organizaciones que con plena conciencia de lo que hacen, insisten en que los Estados adopten un nuevo marco jurídico que destruye la arquitectura del actual sistema de protección de derechos humanos, eliminando la libertad de expresión y opinión. A quien le quede el saco, que se le ponga. Pero con propiedad, en este punto, podemos reconocer que el Estado paraguayo y los demás que han rehusado adherir a estas convenciones mordaza son ejemplares en su posición de defensa de los derechos humanos con respeto a la soberanía y el derecho de toda nación a defender la libertad y su concepción del bien común.