Su desaparición de la escena pública se dio luego del caso del empresario cartista Karim Salum, quien el pasado año ingresó al país en un vuelo humanitario y no cumplió con el aislamiento de 14 días, favorecido por la influencia de la alta funcionaria, lo que motivó la primera presentación del pedido de juicio político, que no tuvo éxito.
Las últimas declaraciones públicas que realizó se dieron durante la fase cero de la cuarentena; posteriormente, pese a que los diferentes sectores de la oposición piden su destitución, sobre todo luego de la prisión del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, ella permanece escondida.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González lamentó que cuando se dieron las irregularidades en la adquisición de insumos por el Ministerio de Salud, no haya salido a garantizar seguridad de que los casos serían investigados.
Indicó que el Ministerio Público ejerce el rol de representante de la sociedad, pero la fiscala general está desconectada de la ciudadanía.
“La falta de apertura y el enclaustramiento de la fiscala general del Estado no es nada positivo. El perfil que debe tener la fiscala no debe ser ultramediático, pero sí debe ser de un liderazgo firme y presente”, remarcó.
La legisladora señaló que los intereses difusos, por ser de todos, deben ser defendidos y orientados hacia el bien común y bien vivir. “Es por eso que hay que señalar la ausencia de la fiscala general, en cuanto a una línea de acción institucional, y su desaparición, porque ella hace años está desaparecida. No puede estar al frente de una institución una persona que no ejerce un liderazgo de conexión con la ciudadanía, con sus representados”, sentenció.
González indicó que Quiñónez está presa de poderes fácticos, con referencia a su conocida alianza con Horacio Cartes. “Ella se encierra, es presa, cautiva de los poderes fácticos, políticos y de las claques de turno”, mencionó.
Además, indicó que el trabajo del Ministerio Público presenta falencias, ya que no consigue condenas por los casos de corrupción.
“El Ministerio Público hoy realiza imputaciones de utilería, no existe ninguna persona que esté seriamente investigada, y mucho menos existen condenas por corrupción”, añadió.
Sobre el punto, recordó el caso de Óscar González Daher, los Ferreira y Melgarejo. “La estrategia es idéntica, hacen imputaciones que no tienen sustento, que no van a llegar a ninguna condena, los tienen un tiempito encerrados y después los sacan cuando se enfría la cosa”, criticó.
La diputada advirtió que una Justicia corrupta tiene un costo muy alto, ya que por ello no hay seguridad jurídica ni inversiones extranjeras, y por ende, afecta a la economía. “Aparte del apriete a los ciudadanos de a pie, hay que mencionar el apriete y el robo a los inversionistas serios de afuera. Por eso, los colorados que integran la Comisión Permanente se abroquelan y rechazan toda posibilidad de independencia judicial y fiscal: quieren seguir teniendo a ‘sus fiscales y jueces’ que les garanticen impunidad”, exclamó la parlamentaria.
La Comisión Permanente impidió que sea tratado un proyecto para abrir un canal de denuncias ciudadanas contra la fiscala general, ya que con ello se pretendía fundamentar un libelo acusatorio.
La falta de apertura y el enclaustramiento de la fiscala general del Estado no es nada positivo. Kattya González, diputada del PEN.