Los intentos de exterminio de los pueblos indígenas que se perpetraron desde el colonialismo con matanzas, esclavitud y humillaciones se mantuvieron en el tiempo con algunas modificaciones en los métodos de destrucción de las comunidades, donde las instituciones estatales tratan de ocultar cualquier evidencia física que pueda ser juzgada por organismos de derechos humanos.
Pero sin dudas la represión estatal, entendida en un sentido amplio, también deja marcas en los cuerpos de quienes la sufren. La negación de asistencia médica, de provisión de agua potable, las faltas de garantías para la participación en la toma de decisiones en políticas públicas dirigidas a esta población y la no restitución de tierras ancestrales en las que puedan vivir, desarrollar su cultura y producir sus alimentos influyen en la historia de estos cuerpos que reclaman justicia, que enfurecen, que entristecen, que pierden la esperanza, que enferman y que mueren por causas evitables, una serie de situaciones que se manifiestan de manera física como reacciones al racismo estatal.
En los últimos días vimos la vigencia de sus “sutiles” métodos para desplazar a una raza a la que considera inferior, entendiendo aquí la raza como signo, como lo propone la etnóloga Rita Segato.
Los aparatos estatales irrumpieron de manera violenta en el Jeroky Aty de la comunidad Cerrito, en Minga Porã, Departamento de Alto Paraná, donde se concentra la mayor superficie de cultivos de soja. Una comitiva de policías bajo supervisión de la Fiscalía cumplía así una orden de desalojo emitida por el Juzgado, herramienta jurídica que utilizan las instituciones para violar la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Estas prácticas, perpetradas con mayor saña durante la dictadura stronista, permearon la era democrática a pesar de la recomendaciones de la Comisión Verdad y Justicia. Al respecto, el informe final del peritaje señala que “el despojo de los territorios indígenas fue parte de una política del Estado fundada en el desconocimiento de los indígenas, como personas y como pueblos, negándoseles no solo el derecho de propiedad sobre sus tierras y territorios, sino además derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la identidad, a la libertad e integridad personales. No existen espacios adecuados de participación indígena en distintos niveles de gestión y decisión estatal y en la elaboración de políticas públicas”.
En este caso hablamos de una comunidad de la zona de influencia de la Itaipú Binacional, que por su parte nunca reparó los daños ambientales, culturales y territoriales de los pueblos indígenas, reclamos que acompañan organizaciones como la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas y la Red de Entidades Privadas al Servicio de los Pueblos Indígenas, que aglomera a varias oenegés que califican este desalojo como una aberración extrema del sistema de justicia.
El contexto actual en que viven las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica se puede observar en la investigación del periodista Robert Irrazábal, en la serie Narcosojales. Entre los hallazgos se destaca el funcionamiento de un puerto en el área protegida de la binacional, que por su parte trata de invasores a los indígenas que ocupan parte de la misma zona para vivir, una posición evidentemente contradictoria de una hidroeléctrica permisiva con ciertos sectores con ventajas económicas.
En el Chaco paraguayo la situación no es diferente. De hecho, Paraguay tiene condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que ordenó la restitución de tierras a las comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, pero hasta el momento el Estado avanzó pocos pasos para su cumplimiento. En tanto que a las poblaciones indígenas que llegan a Asunción para reclamar sus derechos les cerraron las plazas con rejas a finales del 2019, bajo un argumento higienista y por sobre todo racista de una institución estatal.
