Según la auditoría del Poder Ejecutivo, una larga lista de municipios y gobernaciones no cumplieron con las exigencias establecidas en la Ley 4758/12. Al cierre del 2019, el informe del Ejecutivo presentó el balance de la rendición de cuentas de la utilización de los recursos provenientes del Fonacide y entre las gobernaciones que están aplazadas figuran tres de extracción colorada, una de ellas la de Canindeyú, dirigida por César Tigre Ramírez.
Sin embargo, la Gobernación de Canindeyú aclaró, comunicado mediante, que las rendiciones están en regla. “Aclaramos que los requerimientos de las rendiciones indocumentadas pertenecen al segundo cuatrimestre del año 2018, es decir, pertenecen al otro gobierno departamental”, señaló la Gobernación en el mensaje, aludiendo a la administración del colorado Alfonso Noria.
“Recién en agosto del 2018, que ya pertenece al tercer cuatrimestre, asumimos como gobierno por lo que no existe ninguna responsabilidad administrativa ni financiera sobre el manejo y el destino de los fondos en cuestión”, señala el comunicado.
La actual administración de la Gobernación insiste que han cumplido “cabalmente con los informes del uso y la aplicación de los recursos” desde el inicio de su gestión.
“Hacemos esta aclaración con la sana intención de salvaguardar la transparencia de nuestros actos en la institución, para que ningún ciudadano o medio con poca o incompleta información ponga en tela de juicio nuestra gestión”, finaliza el mensaje.
Números. En los últimos seis años, las gobernaciones y municipios del país recibieron G. 2,9 billones. Sin embargo, la realidad de las instituciones educativas no condice con los millonarios recursos destinados a los gobiernos locales a nivel país.
Básicamente se debe destinar ese dinero para proyectos de infraestructura en educación escolar, construcción y equipamientos de centros educativos y remodelación. En total, el 27 por ciento de los fondos que provienen de la compensación por cesión de energía son destinados para los municipios y las gobernaciones.
Entre los municipios que no rindieron cuentas están Asunción, Lambaré, y San Lorenzo, entre otros. También hay cuestionamientos hacia el intendente de Ypacaraí, Raúl Fernando Negrete, y otro aplazado es el intendente de Ñemby, Lucas Lanzoni, hijo del senador Blas Lanzoni.
