Los mismos habían sido condenados en juicio oral el pasado 18 de diciembre de 2023, a penas de entre 1 y 5 años de prisión. Fueron halladas responsables de la producción y uso de documentos públicos de contenido falso. Se excluyó el cargo de asociación criminal, que no se pudo probar en el juicio oral.
Así, confirmaron la pena de cinco años de encierro para Bernardo Arellano, ex funcionario de la Dirección de Migraciones, y cuatro años para el suboficial inspector Cirilo Gustavo Amarilla.
Además, las penas de dos años de cárcel, con la suspensión de la ejecución de la condena para los gestores Iván Ocampos, Vicente Martínez; Gerardo Medina y Wilson Guzmán Arellano. Finalmente, un año de cárcel, con la suspensión de la ejecución de la pena para Stella Marys Lugo. Fue fallo unánime de los camaristas Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y María Belén Agüero.