El proyecto de ley fue iniciativa de dos diputados y no fue analizado por el Consejo de Empresas Públicas, ni por el Ministerio de Hacienda. Lo más apropiado por parte del Poder Ejecutivo sería vetar la ley y ordenar la inmediata transferencia de esos recursos al Tesoro para cubrir una parte del abultado déficit fiscal de este año.
Como este, hay una serie de recursos públicos que están asignados a usos o instituciones que no redundan en servicios públicos que mejoren el bienestar de la ciudadanía, o lo hacen de una manera altamente ineficiente y costosa.
Estos deben ser revisados y redireccionados para su optimización, mencionaré solo algunos.
En el año 2010, se aprobó la Ley Nº 3984 de distribución de royalties provenientes de Itaipú y Yacyretá. Por esta ley, el 50% de estos recursos que ingresan al Estado paraguayo deben ser distribuidos a las distintas gobernaciones y municipios de todo el país.
Anualmente se transfieren a los gobiernos subnacionales alrededor de USD 130 millones en este concepto, y entre el 2011 y el 2018 totalizaron un monto de USD 1.000 millones.
No conozco de algún proyecto o algún servicio público de relevancia que haya sido financiado con estos recursos. Más bien actúan como incentivo a crear nuevos municipios, ampliar la cantidad de funcionarios y la pereza fiscal de las autoridades locales.
Para optimizar, se deben redireccionar estos recursos al Ministerio de Obras Públicas para su inversión exclusivamente en la pavimentación de los caminos rurales y la construcción de puentes en todo el territorio nacional. Se podrían pavimentar alrededor de 250 km de caminos rurales anualmente.
En el 2012 se aprobó la Ley Nº 4758 del Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo) que reglamenta la utilización de los recursos provenientes de la Itaipú Binacional por la cesión de la energía paraguaya al Brasil que se incrementó de USD 120 millones a USD 360 millones luego de su renegociación por ambos gobiernos.
Se buscaba el blindaje de estos recursos y su aplicación exclusiva a inversiones en infraestructura, al desarrollo del capital humano (educación y salud) y a incrementar la inversión privada a través del crédito a largo plazo por medio de la AFD. En términos concretos, los programas más visibles y de alto impacto son el programa Becal, los programas de investigación científica del Conacyt, la ampliación del crédito a largo plazo por la AFD y algunos de los programas de almuerzo escolar.
La falta de consensos, de capacidad de gestión de proyectos y de coordinación entre las instituciones dificultó la aplicación de los recursos destinados a la educación.
Es necesario realizar algunas modificaciones al Fonacide para optimizar su aplicación y lograr los loables objetivos de la ley.
Primero, reorientar el 25% de los recursos (USD 85 millones anuales) que hoy son administrados por las gobernaciones y municipios a su administración por parte del MEC para su aplicación en infraestructura y almuerzo escolar. Segundo, fortalecer la capacidad de gestión de proyectos del Ministerio de Educación con apoyo de los organismos multilaterales y fortalecer el rol del Consejo Público-Privado de Administración del Fondo Fiduciario para la Excelencia de la Educación. Tercero, mantener y focalizar el 7% de los fondos asignados a la AFD a la profundización del crédito de viviendas para la clase media. Cuarto, focalizar el 28% asignado al MOPC exclusivamente a la inversión en sistemas de alcantarillado sanitario.
Los paraguayos debemos tener conciencia de que los recursos públicos son escasos y el mayor o menor ritmo de desarrollo depende de la rigurosidad y disciplina en la asignación y aplicación de los mismos.
En esto radica la diferencia de los países exitosos.
