Los camaristas José Agustín Fernández, Delio Vera y Gustavo Auadre, rechazaron las recusaciones planteadas contra los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga.
Según los camaristas “los recusantes en su afán dilatorio, nuevamente y por tercera vez recusan al Tribunal de Sentencia sin ningún fundamento mínimo acorde a las reglas procesales pertinentes”.
Añaden que ni siquiera citaron las normas pertinentes, y que se limitan a hacer manifestaciones ajenas al proceso en curso. Dicen que no justificaron las causales alegadas ni probaron sus alegaciones.
Con ello, rechazan a recusación, y comunican a los efectos disciplinarios las circunstancias al Consejo de Superintendencia de la Corte y remite el caso a la oficina de Reacción Inmediata de Auditoría de Gestión, a los efectos de que realice un control y monitoreo del juicio.
En el caso, el procesado Camilo Soares había recusado a los tres jueces, mientras que Alfredo Guachiré, a dos de ellos, Zárate y Capurro.
Se alegaron odio, parcialidad y falta de independencia de parte de los magistrados. Incluso, Guachiré señaló que una persona le pidió 50 mil dólares para el juez Zárate y 50 mil para el juez Capurro, para admitir la excepción de prescripción.
El fallo fue dictado el jueves por la tarde, aunque se dio a conocer recién ayer en tribunales. Ya el tribunal de Sentencia fijó para el próximo martes, a las 08:30, la continuidad del juicio oral contra los acusados.
la causa. Según la acusación fiscal, la compra de panificado fue realizada entre el 25 mayo y el 16 de diciembre de 2009 y las demás adquisiciones entre los días 21 y 24 de diciembre de 2009; en tanto que la imputación fue formulada en abril de 2010. La causa es investigada por la fiscala anticorrupción Victoria Acuña.
Soares y Guachiré están procesados por supuestos hechos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. El perjuicio patrimonial detectado por la Fiscalía es de G. 1.224.976.100.
Según la investigación, Soares y Guachiré son responsables de la sobrefacturación en la compra de alimentos en general y coquitos, para varios departamentos declarados en emergencia durante el Gobierno de Fernando Lugo.